El Consejo de Transparencia solicita en el Congreso potestad sancionadora para asegurar el cumplimiento de sus resoluciones

La presidenta del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG), Concepción Campos Acuña, ha comparecido ante la Comisión de Hacienda y Función Pública del Congreso de los Diputados para reclamar una reforma urgente de la Ley de Transparencia. El objetivo de esta iniciativa es dotar al organismo de «facultades coercitivas» y «capacidad sancionadora» que permitan garantizar que los ministerios y organismos públicos cumplan con las resoluciones de entrega de información, equiparando así su autoridad frente a la Administración con la que ya ostenta sobre los grupos de interés.

Durante la presentación conjunta de las memorias correspondientes a los ejercicios 2024 y 2025, Campos Acuña denunció la asimetría regulatoria que padece la institución. Tras la reciente aprobación del Real Decreto-ley 21/2026, el Consejo dispone de competencia para imponer multas de hasta 40.000 euros a los lobbies que incurran en infracciones muy graves. Sin embargo, el órgano carece de instrumentos similares para forzar a las administraciones públicas a ejecutar las órdenes de acceso a la información cuando estas deciden ignorar los dictámenes de la autoridad independiente.

Los datos estadísticos presentados en sede parlamentaria reflejan un incremento histórico en la actividad del Consejo. En 2025, se registró un récord de 2.767 reclamaciones, lo que supone un crecimiento del 40,2% respecto al año anterior. En el ámbito de la Administración General del Estado, el 65,9% de las resoluciones fueron favorables al ciudadano, si bien en muchos casos la información solo se facilitó tras la interposición del recurso ante el Consejo, evidenciando una tendencia a la opacidad inicial por parte de las instituciones públicas.

La presidenta alertó especialmente sobre el fenómeno del «doble silencio» administrativo. Según el balance de 2025, el 45,5% de las reclamaciones estatales se originaron porque el organismo requerido no contestó a la solicitud ciudadana inicial. Esta falta de respuesta se extiende en ocasiones al propio Consejo, que encuentra dificultades para obtener la documentación requerida de las administraciones en fase de instrucción. En el ámbito autonómico y local, este silencio administrativo asciende al 75,3% de los casos analizados.

La comparecencia también puso el foco en la elevada litigiosidad que enfrenta al Consejo con el propio sector público. Durante 2025, los ministerios y organismos públicos fueron responsables del 73,2% de los recursos contencioso-administrativos interpuestos contra las resoluciones de Transparencia. El ejercicio cerró con 172 procedimientos judiciales pendientes, incluidos 24 recursos de casación ante el Tribunal Supremo, lo que dilata el acceso efectivo de la ciudadanía a la información pública.

Finalmente, Campos Acuña advirtió sobre la saturación del organismo, que cuenta con una plantilla de apenas 30 personas frente a un volumen de reclamaciones que ha continuado creciendo un 60% en lo que va de 2026. La presidenta concluyó su intervención subrayando que, sin un reglamento de desarrollo de la ley de 2013 y sin medios humanos y materiales adicionales, existe el riesgo de que el Consejo no pueda cumplir con los plazos legales de resolución, comprometiendo así la eficacia de este derecho fundamental.