Ceuta registra una estabilización de la seguridad tras la crisis migratoria con un descenso del 40% en las alertas policiales
La Ciudad Autónoma de Ceuta experimenta una progresiva reducción de la tensión social y de seguridad tras los episodios críticos registrados en los meses estivales. Según informan fuentes policiales con amplia trayectoria en la zona, las llamadas de emergencia al servicio 091 han disminuido aproximadamente un 40% respecto a los picos alcanzados entre finales de julio y principios de agosto. No obstante, las autoridades mantienen la cautela y advierten que, pese a la mejoría de los indicadores objetivos, la situación institucional y de convivencia aún requiere de medidas preventivas rigurosas para evitar posibles estallidos sociales.
Se estima que en la ciudad permanecen actualmente unos 10.000 ciudadanos extranjeros en situación irregular, de los cuales casi la mitad son menores de edad. El cambio de tendencia en la percepción de seguridad se atribuye, en gran medida, al traslado de estas personas desde la vía pública hacia centros de acogida y campamentos habilitados específicamente para su atención y control. Este proceso de estabilización ha permitido despejar las calles y agilizar la identificación de los individuos para la apertura de expedientes de expulsión conforme a la legislación vigente.
La recuperación de la normalidad es especialmente visible en el centro urbano y en las infraestructuras públicas. El inicio del curso escolar ha transcurrido sin las intrusiones en institutos que se registraron semanas atrás, gracias al despliegue de vigilancia privada con carácter disuasorio. Asimismo, los enfrentamientos violentos y las agresiones a patrullas militares han experimentado un descenso significativo, situándose en niveles residuales en comparación con el inicio de la crisis transfronteriza.
Sin embargo, el diagnóstico policial señala que la mejora no es uniforme en todo el territorio. Barriadas como Loma Colmenar, El Príncipe, Arrozales y Retinto continúan concentrando los mayores desafíos en materia de salubridad y seguridad ciudadana. En estas zonas periféricas persisten grupos de personas en situación de calle, lo que genera problemas de higiene pública y pequeños incidentes delictivos. Los informes indican que la mayoría de los altercados actuales se producen de forma interna entre los propios migrantes o son instigados por delincuentes locales.
En el plano administrativo y judicial, las autoridades han tramitado ya 1.800 expedientes de expulsión. Las previsiones apuntan a que más del 90% de las solicitudes de asilo serán denegadas, lo que podría acelerar los retornos a Marruecos en las próximas semanas. El país vecino ha mostrado colaboración en la recepción de aquellos ciudadanos que son expulsados de forma inmediata tras ser detenidos por la comisión de delitos en suelo español, un factor que ha contribuido a reducir el número de sujetos conflictivos en la ciudad.
El desafío más complejo para la administración sigue siendo la gestión de los menores extranjeros no acompañados. La complejidad de los trámites legales y la reticencia de las autoridades marroquíes a aceptar repatriaciones de menores en el último año dificultan una solución a corto plazo. Estos jóvenes permanecen en naves industriales cedidas en la zona del Tarajal, una solución de emergencia que los cuerpos de seguridad califican como el principal reto pendiente para normalizar definitivamente la realidad social de Ceuta.
A pesar de que los efectivos policiales rechazan las visiones alarmistas que equiparan la situación de la ciudad con escenarios de conflicto bélico, subrayan que la guardia no puede bajarse. El objetivo institucional prioritario es evitar cualquier incidente violento que pueda fracturar la convivencia intercultural, mientras se espera que la resolución de los expedientes administrativos pendientes incentive el retorno voluntario de quienes no han logrado acceder a la Península.
