Una jueza federal bloquea el decreto de Trump que limita la ciudadanía por nacimiento
Una jueza federal de Estados Unidos ha frenado el reciente intento de la Administración del presidente Donald Trump de restringir la ciudadanía por derecho de nacimiento. La magistrada Deborah Boardman, en un fallo emitido tras la revisión de una orden ejecutiva presidencial, dejó sin efecto de forma parcial la medida al considerar que existen indicios sólidos de que la nueva política vulnera los preceptos constitucionales vigentes.
La decisión judicial prohíbe de forma inmediata que la Casa Blanca emita nuevas restricciones operativas sobre este derecho, aunque permite que las agencias federales continúen trabajando internamente en directrices técnicas. El fallo se fundamenta en la jurisprudencia de la Corte Suprema, que a finales de junio ya había determinado que la interpretación del Ejecutivo sobre la Decimocuarta Enmienda carecía de base legal suficiente para alterar el principio de territorialidad en la nacionalidad.
La orden ejecutiva de la Administración Trump buscaba negar la ciudadanía automática a los menores nacidos en suelo estadounidense cuyos padres se encontraran en situación irregular o con visados temporales. De acuerdo con proyecciones del Instituto de Políticas Migratorias (MPI) y la Universidad de Pensilvania, la implementación de esta política podría afectar a unos 250.000 bebés cada año, alterando una práctica jurídica consolidada desde hace más de un siglo.
Desde el punto de vista institucional, el marco legal se remite a la Decimocuarta Enmienda de la Constitución, ratificada en 1868, la cual establece que «todas las personas nacidas o naturalizadas en Estados Unidos y sujetas a su jurisdicción son ciudadanos de Estados Unidos». Este precepto ha sido ratificado en múltiples ocasiones por el máximo tribunal del país y reforzado por leyes federales aprobadas por el Congreso, que garantizan el derecho de suelo (jus soli) independientemente del estatus migratorio de los progenitores.
La restricción de la ciudadanía por nacimiento se ha consolidado como uno de los ejes programáticos de la actual Administración durante su segundo mandato. Tras su regreso al cargo el año pasado, el presidente Trump priorizó esta orden ejecutiva como parte de su agenda de reforma migratoria, enfrentando desde el inicio desafíos legales en diversas instancias del sistema judicial estadounidense que, hasta el momento, han mantenido la vigencia del orden constitucional tradicional.
