La UCO señala a la expresidenta de Adif como figura clave en la contratación de la pareja de Ábalos
Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil han comparecido este lunes ante el Tribunal Supremo en el marco de la investigación que afecta al exministro de Transportes, José Luis Ábalos, y a su antiguo asesor, Koldo García. Durante su declaración, los investigadores han identificado a la expresidenta de ADIF, Isabel Pardo de Vera, como la persona determinante para facilitar la incorporación laboral de Jésica Rodríguez, entonces pareja del exministro, en las empresas públicas Ineco y Tragsatec.
Según el testimonio prestado por los agentes ante el Alto Tribunal, las pesquisas evidencian que Pardo de Vera habría sido la figura a la que se recurrió para gestionar la contratación. Los investigadores sostienen que, si bien no se ha determinado la identidad de la persona que autorizó la firma final del contrato, el flujo de comunicaciones permite concluir que la expresidenta de la entidad ferroviaria fue el nexo necesario para iniciar el proceso de selección de Rodríguez.
En el interrogatorio, los agentes han detallado que el currículum de la joven fue remitido inicialmente por Koldo García. Asimismo, la UCO ha dejado constancia de presuntas irregularidades durante el desempeño laboral de la contratada en las citadas empresas públicas, señalando que los indicios apuntan a una falta de asistencia efectiva a su puesto de trabajo, pese a percibir una remuneración por ello.
Otro de los ejes centrales de la comparecencia se ha centrado en el pago del alquiler de una vivienda en el centro de Madrid, situada en la Plaza de España, que fue disfrutada por Jésica Rodríguez entre los años 2019 y 2022. La UCO sostiene que el abono de estas mensualidades, que ascendieron a un total de 88.100 euros, habría tenido como objetivo «comprar la voluntad» del exministro José Luis Ábalos por parte de la trama liderada por Víctor de Aldama.
De acuerdo con el informe de la Guardia Civil, la mayor parte de dicho importe —82.000 euros— fue abonada por Alberto Escolano, socio de Aldama, quien ya reconoció ante el tribunal haber realizado los pagos. Los 6.000 euros restantes se habrían transferido a través de cuentas vinculadas a Koldo García y su hermano, Joseba García. La defensa de los acusados ha cuestionado que estos pagos constituyan una contraprestación, argumentando que los abonos se iniciaron un año antes de las adjudicaciones de material sanitario durante la pandemia.
El proceso judicial continúa con la comparecencia de nuevos testigos y peritos. José Luis Ábalos y Koldo García se enfrentan a peticiones de penas que alcanzan los 30 años de prisión por diversos delitos, incluyendo cohecho y tráfico de influencias, mientras que para Víctor de Aldama la solicitud de pena es de siete años, condicionada por su colaboración con la administración de justicia.
