Un juzgado de Madrid ordena la detención de Vito Quiles para notificarle la apertura de juicio oral
El titular del Juzgado de Instrucción Número 43 de Madrid ha dictado una orden de búsqueda, detención y presentación en sede judicial de Vito Quiles. La medida tiene como objetivo principal notificar formalmente al investigado el auto de apertura de juicio oral, hacerle entrega del escrito de acusación del Ministerio Fiscal y realizar los requerimientos procesales necesarios en la causa donde se le investiga por un presunto delito contra la integridad moral.
La resolución judicial especifica que, una vez practicada la notificación del procesamiento y realizados los trámites correspondientes, el afectado deberá ser puesto en «inmediata libertad». Según consta en el auto, el magistrado adoptó esta decisión tras constatar que el investigado no compareció para recibir la notificación del auto de apertura de juicio del pasado 14 de abril, concluyendo que se encuentra en paradero desconocido con el fin de eludir la acción de la justicia.
En este procedimiento judicial, el Ministerio Fiscal solicita una pena de dos años de prisión para Quiles por los hechos investigados. Asimismo, la acusación se extiende al periodista Javier Negre, para quien la Fiscalía pide un año y medio de cárcel. El caso se centra en la presunta comisión de un delito contra la integridad moral derivado del trato brindado a una mujer con una discapacidad del 75 % durante una cobertura informativa.
Los hechos que motivan la causa se remontan a una manifestación ocurrida hace dos años frente a la sede nacional del Partido Popular en Madrid. Durante la concentración, en la que se solicitaba la dimisión de la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, Quiles realizó una serie de entrevistas a los asistentes. Según el Ministerio Público, el tono y las preguntas dirigidas a una de las manifestantes, perteneciente al colectivo Libres y Combativas, mostraron un ánimo vejatorio y denigrante dada su condición de diversidad funcional.
Desde la organización Libres y Combativas han señalado que la orden de detención responde a que el investigado ha permanecido «ilocalizable» durante los últimos siete meses, impidiendo el avance del proceso judicial. Por su parte, el juzgado mantiene la vigencia de la orden hasta que se asegure el cumplimiento de los trámites legales que permitan dar inicio a la fase de vista oral.
