El Gobierno confirma la reforma de la indemnización por despido para cumplir con la normativa europea

La vicepresidenta primera y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha anunciado este miércoles en el Congreso de los Diputados la intención del Ejecutivo de modificar el sistema de indemnización por despido. El objetivo de esta medida es adecuar la legislación española a los requerimientos del Comité Europeo de Derechos Sociales, que ha advertido recientemente que las compensaciones actuales no cumplen con los estándares de suficiencia exigidos a nivel internacional.

Durante la sesión de control al Gobierno, Díaz ha respondido a una interpelación del diputado de Bildu, Oskar Matute, confirmando el compromiso de «reparar la injusticia» en el sistema de despidos. Según ha explicado la titular de Trabajo, la futura regulación abandonará el modelo de cuantía fija conocido de antemano para implementar una «lógica restaurativa» que analice de forma individualizada el perjuicio causado al trabajador.

Bajo este nuevo enfoque, el cálculo de la indemnización no será uniforme, sino que tendrá en cuenta circunstancias específicas como la edad, la formación o la situación personal del empleado. Díaz ha ejemplificado que el impacto de la pérdida de empleo no es el mismo para una mujer de 60 años con dificultades de reinserción que para un joven con alta cualificación idiomática, señalando que el sistema debe adaptarse a dichas realidades.

La ministra ha subrayado que, en la actualidad, «despedir en España es muy barato», situando la indemnización media en el entorno de los 8.000 euros. En este sentido, ha recordado que el Ministerio mantiene abierta una mesa de diálogo social para abordar estos cambios, a pesar de que la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) no asiste a estas reuniones desde hace aproximadamente un año.

En el marco de su intervención, la vicepresidenta también ha avanzado que en los próximos días se retomará la reforma del registro horario. Esta normativa, que sufrió un retraso el pasado mes de julio tras el informe del Consejo de Estado con el fin de corregir aspectos técnicos, se encuentra en la fase final de negociación para su próxima aprobación definitiva.