La Audiencia Nacional asume la investigación al delegado del Gobierno en Ceuta por la crisis migratoria
La titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Ceuta ha acordado inhibirse en favor de la Audiencia Nacional en la investigación relativa a la actuación del delegado del Gobierno en la ciudad autónoma, Miguel Ángel Pérez Triano. La decisión traslada la competencia de las diligencias a la magistrada María Tardón, quien ya dirige una causa centralizada sobre la entrada masiva de aproximadamente 80.000 ciudadanos marroquíes ocurrida los días 30 y 31 de julio.
La resolución judicial sostiene que existe una «conexión objetiva y subjetiva» entre los hechos denunciados en Ceuta y la investigación que se tramita en Madrid. Esta unificación de la causa coincide con el criterio de la Fiscalía, que previamente había advertido de la imposibilidad de analizar de manera aislada las conductas atribuidas al delegado del Gobierno frente al contexto general de la crisis fronteriza.
El procedimiento judicial se encamina ahora a esclarecer la gestión de la información previa a los acontecimientos. Según la documentación desclasificada por el Ejecutivo, el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) detectó con antelación convocatorias en redes sociales y grupos de mensajería que sumaban más de 180.000 seguidores, donde se instaba a cruzar la frontera de forma irregular. Estos avisos fueron remitidos mediante comunicaciones directas a la Guardia Civil y al jefe de Gabinete de Pérez Triano antes del inicio de las entradas.
La investigación en la Audiencia Nacional pondrá especial énfasis en el recorrido interno que tuvieron estas advertencias dentro de la Delegación del Gobierno. Las pesquisas buscan determinar si Pérez Triano tuvo conocimiento efectivo de las alertas del CNI y qué medidas se adoptaron en consecuencia. El antiguo jefe de Gabinete del delegado, quien dimitió tras los hechos, ha manifestado que trasladó puntualmente la información a su superior jerárquico.
La magistrada María Tardón ya ha delimitado que el objeto de su instrucción no se circunscribe únicamente a la autoría o planificación de la entrada masiva, sino que abarca la respuesta institucional ofrecida desde territorio español. En este sentido, la eventual falta de reacción ante los avisos previos de la inteligencia española se constituye como uno de los ejes principales de la causa penal.
La decisión de la jueza ceutí también permite que la Audiencia Nacional asuma la ampliación de la querella presentada por la organización Hazte Oír. Con este movimiento procesal, se pretende evitar resoluciones contradictorias y ofrecer una visión integral de las presuntas responsabilidades derivadas de la gestión de la seguridad fronteriza durante aquellas jornadas.
