El Tribunal Supremo da cinco días al Gobierno para entregar la lista de afectados por la ley de nietos
La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha dictado un requerimiento formal a los ministros de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, y de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, para que entreguen en un plazo máximo de cinco días la relación nominal de las 163.020 personas afectadas por la suspensión cautelar del voto derivado de la denominada ley de nietos. El alto tribunal advierte de la imposición de multas coercitivas de 1.000 euros a los titulares de ambas carteras en caso de incumplimiento.
El requerimiento judicial exige que la información sea remitida de forma inmediata a la propia Sala del Tribunal Supremo, a la Junta Electoral Central y a la Oficina del Censo Electoral. Esta resolución se produce 43 días después del primer auto judicial y establece la posibilidad de reiterar las sanciones económicas hasta que se ejecute el fallo en su totalidad, sin perjuicio de otras responsabilidades patrimoniales que pudieran derivarse de la demora en la entrega de los datos.
Ante esta decisión judicial, el Partido Popular, a través de su vicesecretaria de Coordinación Sectorial, Alma Ezcurra, ha calificado la situación como un «ultimátum» para el Ejecutivo. Ezcurra ha subrayado que la administración posee la información solicitada, ya que la cifra de 163.020 afectados fue aportada originalmente por la Abogacía del Estado. La formación de la oposición ha instado a los ministros implicados a cumplir con el mandato judicial antes del próximo miércoles.
La controversia técnica reside en la acreditación de la condición de exiliado para el acceso a la nacionalidad. Según los datos manejados por el Partido Popular, de los 31.390 expedientes revisados hasta la fecha, únicamente 91 certificados han acreditado formalmente el exilio de sus familiares. La formación denuncia que la instrucción aplicada por el Gobierno permite una presunción de exilio que, a su juicio, excede el marco legal de la norma original y carece de las garantías necesarias para la confección del censo electoral.
La urgencia del requerimiento coincide con el calendario electoral, dado que este sábado comienza el envío de la documentación para el voto exterior. Desde el PP advierten que, sin la lista de afectados requerida por el Supremo, la documentación podría remitirse a ciudadanos cuyo derecho al voto se encuentra suspendido cautelarmente, lo que afectaría a la integridad de los procesos electorales en curso.
Finalmente, la representación del Partido Popular ha manifestado que emplearán todas las herramientas del Estado de Derecho para garantizar que no se produzcan alteraciones en el censo. Por su parte, el Ejecutivo deberá proceder a la identificación nominal solicitada para dar cumplimiento a la legalidad y evitar las sanciones económicas impuestas por la autoridad judicial en el marco de este proceso contencioso.
