El alcalde de Algeciras reafirma su inocencia ante el juzgado tras la denuncia por presunta agresión sexual
José Ignacio Landaluce, alcalde de Algeciras, ha defendido este viernes su inocencia tras prestar declaración durante una hora y media ante la titular del Juzgado número 2 de Violencia sobre la Mujer. La comparecencia judicial responde a la instrucción iniciada a raíz de la denuncia presentada por una militante de Nuevas Generaciones del Partido Popular, quien le acusa de una presunta agresión sexual relacionada con tocamientos no consentidos.
Tras la diligencia, el regidor ha manifestado ante los medios de comunicación encontrarse «más tranquilo» al considerar que el asunto se encuentra ya bajo el ámbito de la Administración de Justicia. Landaluce ha señalado que el proceso judicial evitará que prosperen lo que ha calificado como «juegos» y «amenazas» dirigidas a forzar su salida del cargo, la cual se formalizará el próximo domingo, tres días antes de la moción de censura impulsada de forma conjunta por el Partido Popular y Vox.
En su argumentación defensiva, el alcalde ha cuestionado la redacción de la denuncia, que consta de 110 páginas, sugiriendo que el texto presenta un carácter reiterativo propio de herramientas de «inteligencia artificial». El edil ha subrayado la gravedad de la situación, advirtiendo de que estas acusaciones ponen en riesgo 43 años de trayectoria pública y suponen una «muerte política y social» provocada por el impacto mediático del caso.
Respecto a su futuro inmediato en la corporación municipal, Landaluce ha indicado que se encuentra evaluando la posibilidad de mantener su acta de concejal tras la dimisión de la alcaldía. Asimismo, ha planteado que el proceso judicial actual no sería incompatible con una hipotética candidatura en los próximos comicios municipales, instando a su formación política a reflexionar sobre cómo se restauraría la confianza del electorado algecireño en caso de ser declarado inocente.
Finalmente, el alcalde ha anunciado que, una vez concluya la instrucción y se aclare su situación procesal, iniciará una «segunda fase» de actuaciones legales. Según ha afirmado, su objetivo será que las personas que hayan actuado de manera «irregular o injusta» asuman la responsabilidad por los daños causados a su imagen y honorabilidad, insistiendo en que estas acciones no deben quedar impunes.
