El PP impulsa una ley para retirar la nacionalidad española a inmigrantes que cometan delitos graves
La portavoz del Grupo Popular en el Congreso de los Diputados, Ester Muñoz, ha confirmado este martes que su formación trabaja en una proposición de ley destinada a revocar la nacionalidad española a aquellos ciudadanos extranjeros nacionalizados que cometan delitos de especial gravedad. La iniciativa legislativa se centra en supuestos que incluyen delitos de sangre, reincidencia en agresiones sexuales, pertenencia a organizaciones de crimen organizado o vinculación con bandas terroristas.
En declaraciones realizadas a Telemadrid, la representante parlamentaria ha defendido la «lógica» de esta medida, argumentando que la nacionalidad es el vínculo jurídico «más sagrado» de un país. Según ha explicado Muñoz, la condición de ciudadano español confiere una serie de derechos y libertades que deben ir acompañados del estricto cumplimiento de las obligaciones legales y el respeto a la convivencia ciudadana.
La propuesta del Partido Popular surge como respuesta a lo que consideran una gestión «irresponsable» por parte del Gobierno de Pedro Sánchez en materia de nacionalizaciones. Muñoz ha cuestionado los procesos actuales de concesión de ciudadanía, señalando que la administración está otorgando el pasaporte español de manera indiscriminada, lo que, a su juicio, devalúa la importancia institucional del documento.
Asimismo, la portavoz ha vinculado la política de nacionalizaciones con la aplicación de la Ley de Memoria Democrática, concretamente con la denominada «ley de nietos». Desde el Grupo Popular sostienen que la instrucción aprobada en 2022 contradice lo estipulado originalmente por el Parlamento, ampliando los supuestos de acceso a la nacionalidad de forma que excede el reconocimiento a los descendientes de exiliados.
Por último, el principal partido de la oposición ha enmarcado esta situación en una estrategia de carácter electoral. Según la formación popular, el Ejecutivo busca ampliar su base de votantes ante la pérdida de apoyo entre el electorado nacional, una tesis que Muñoz ha calificado como una utilización partidista de las instituciones del Estado. El anuncio sitúa la reforma del Código Civil y los criterios de nacionalidad en el centro del debate parlamentario de cara a los próximos meses.
