El príncipe Harry y Meghan Markle, duques de Sussex, han procedido a la reubicación escolar de sus hijos, Archie y Lilibet, tras enfrentar una serie de brechas de seguridad y complicaciones logísticas en sus primeras semanas de residencia en el Reino Unido. La decisión se fundamenta en la necesidad de garantizar la privacidad de la familia tras la filtración de datos personales y la detección de riesgos operativos en los protocolos de desplazamiento diario.
La alerta de seguridad se activó después de que el número de teléfono personal de la duquesa de Sussex fuera difundido en un chat grupal de padres de familia de la institución educativa inicial. El incidente, que fue reportado por medios británicos, derivó en una intervención inmediata de su equipo de protección privada. Los especialistas en seguridad determinaron que la exposición de estos datos comprometía la integridad de las comunicaciones y la reserva necesaria para el desarrollo de las actividades escolares de los menores.
A este incidente se sumaron dificultades técnicas relacionadas con la movilidad. El equipo de escoltas, integrado por profesionales de servicios de inteligencia y cuerpos de élite, identificó que el tráfico intenso en las rutas de acceso al colegio triplicaba los tiempos de traslado previstos. Estas demoras dificultaban la ejecución de los protocolos de vigilancia dinámica y extracción rápida, lo que llevó a la recomendación técnica de buscar un nuevo centro educativo que permitiera rutas más seguras y discretas cerca de su residencia en la región de los Cotswolds.
En el ámbito institucional, la seguridad de los duques de Sussex continúa bajo la supervisión del Comité Ejecutivo Real y de VIP (RAVEC). Tras fijar su residencia habitual en suelo británico, este organismo oficial se encuentra revisando el expediente de la familia para determinar si procede la asignación de protección policial armada en desplazamientos específicos. Cabe recordar que, tras el acuerdo de Sandringham de 2020 y su desvinculación como miembros activos de la Corona, el matrimonio no dispone automáticamente de la escolta de Scotland Yard financiada con fondos públicos.
Actualmente, el despliegue de seguridad de la familia es de carácter privado y cuenta con la colaboración de agencias internacionales. Este dispositivo trabaja en coordinación con las autoridades locales para ajustar los protocolos a la nueva realidad de la pareja en el Reino Unido. Mientras tanto, el príncipe Harry mantiene su proceso legal contra el Ministerio del Interior británico en relación con los niveles de protección oficial que le fueron retirados tras su renuncia a las funciones institucionales de la Familia Real.
En esta nueva etapa, los duques de Sussex han optado por mantener un perfil bajo, centrando su actividad profesional en la gestión de la Fundación Archewell y en la adaptación de sus proyectos audiovisuales al huso horario europeo. Por el momento, su agenda permanece independiente de las actividades oficiales de la Casa Real británica, priorizando la estabilidad del entorno familiar y la consolidación de un sistema de protección que evite nuevas filtraciones a la esfera pública.
