Los propietarios de la mercantil Urbagestión, Ricardo y Fernando, han roto su silencio un mes después del desahucio de la calle Sainz de Baranda en Madrid, un suceso conocido como el ‘caso Maricarmen’. En una comparecencia pública, los empresarios han detallado los pormenores de un proceso judicial y social que ha trascendido el ámbito privado para provocar un efecto en cascada en la política nacional, culminando en la convocatoria anticipada de elecciones generales tras el bloqueo de los decretos de vivienda del Gobierno.
Según la versión de los gestores, la adquisición del inmueble se produjo en 2018, después de que la entonces inquilina renunciara por escrito a su derecho de adquisición preferente por un valor de 250.000 euros. Los propietarios han subrayado que, pese a la vigencia de un contrato de renta antigua ya extinguido legalmente, mantuvieron la mensualidad de 199 euros durante años, mientras afrontaban una hipoteca de 1.300 euros mensuales por la vivienda. «No éramos especuladores, estábamos poniendo dinero de nuestro bolsillo mes a mes», han señalado los responsables de la pyme.
El punto de inflexión en el conflicto se sitúa, según los titulares de Urbagestión, en la entrada en escena del Sindicato de Inquilinas. Los propietarios sostienen que, tras ofrecer un nuevo contrato con una renta bonificada en enero de 2024, la interlocución cambió radicalmente hacia posturas de confrontación. Asimismo, han denunciado una maniobra de la plataforma para intentar adquirir el inmueble a través de cooperativas afines sin especificar cuantía económica, movimiento que fue puesto en conocimiento de la autoridad judicial competente como una presunta medida de presión.
En el plano institucional, los empresarios han lamentado el señalamiento público recibido desde el Consejo de Ministros, donde se emplearon términos como «pyme buitre» para calificar su actividad. Esta exposición, afirman, derivó en un clima de acoso personal y familiar que incluyó amenazas de muerte y la difusión de imágenes de menores en redes sociales. Los propietarios critican que se haya utilizado el derecho a la vivienda para «vaciar de contenido derechos fundamentales como el de propiedad y la tutela judicial efectiva».
Respecto al fallecimiento de la inquilina en el hospital Gregorio Marañón, los socios de Urbagestión han confirmado que horas antes de la noticia habían formalizado un nuevo contrato de larga duración y entregado las llaves en la Empresa Municipal de la Vivienda para facilitar el regreso de la mujer tras su alta médica. El desenlace fatal, sin embargo, intensificó las protestas sociales y el colapso legislativo en el Congreso, donde el Ejecutivo no logró los apoyos necesarios para validar sus medidas de vivienda, precipitando el fin de la legislatura.
Finalmente, los empresarios han analizado las consecuencias políticas del caso, que incluyen la dimisión de la exportavoz parlamentaria Montse Mínguez tras revelarse sus vínculos con el sector inmobiliario. Para los propietarios de Urbagestión, lo ocurrido evidencia una «pasada de frenada» de los sectores políticos que intentaron instrumentalizar el caso, generando un efecto bumerán que ha alterado el tablero político español y mantenido una acampada de protesta en la Puerta del Sol que ya roza el mes de duración.
