Nuevos testimonios señalan irregularidades en la concesión de nacionalidad española en el Consulado de México
Un testimonio interno procedente del Consulado General de España en México ha revelado presuntas irregularidades en la aplicación de la Ley de Memoria Democrática, conocida popularmente como «ley de nietos». Según la información aportada por un empleado de la oficina diplomática, el proceso de concesión de la nacionalidad española se habría visto afectado por criterios de discrecionalidad que facilitaron el acceso a la sanidad pública española, la obtención de ventajas migratorias internacionales y el trato preferencial a figuras del ámbito político mexicano.
La fuente consular detalla que una parte considerable de los expedientes tramitados no respondía estrictamente al espíritu de reparación histórica de la norma, sino a intereses de conveniencia personal. Entre las prácticas denunciadas destaca la solicitud de agilización de pasaportes con el objetivo de recibir atención médica gratuita en el sistema sanitario español. Según el testimonio, se recibieron comunicaciones directas instando a adelantar trámites para que los solicitantes o sus familiares pudieran viajar a España para someterse a intervenciones quirúrgicas o tratamientos especializados, evitando los costes sanitarios en su país de origen.
Asimismo, el informe interno señala que el pasaporte español fue utilizado como una herramienta para facilitar la movilidad hacia Estados Unidos. Al obtener la ciudadanía de un país miembro de la Unión Europea, los solicitantes podían acogerse al programa de exención de visado (ESTA), eludiendo así los trámites restrictivos que se aplican a los ciudadanos mexicanos. Este interés logístico habría sido, según el testigo, uno de los principales motores detrás de la alta demanda de nacionalizaciones en la sede diplomática.
En el ámbito institucional, el testimonio advierte sobre la existencia de «expedientes VIP» que eludían los controles habituales de los funcionarios consulares. Estas solicitudes habrían correspondido a miembros de la élite política, empresarial y cultural de México, con especial mención a perfiles vinculados a Morena, el partido en el Gobierno del país azteca. El informante sostiene que estos expedientes se gestionaban mediante citas extraordinarias y canales paralelos, a menudo sin una verificación exhaustiva de la ascendencia o de la condición de exiliado de los antepasados, requisitos indispensables según la instrucción vigente.
Respecto a la magnitud de la concesión masiva de nacionalidades, el testimonio cuestiona frontalmente los datos oficiales proporcionados por el Gobierno de España. Mientras que la cifra gubernamental se sitúa en torno a las 163.000 nacionalizaciones en todo el mundo, la fuente asegura que el volumen real es sensiblemente superior. El empleado subraya que delegaciones con alta carga de trabajo, como la de Argentina, operaron en jornadas extendidas para absorber una demanda que, sumada a la de México —donde se estiman 60.000 casos—, desbordaría las estadísticas publicadas hasta la fecha.
Finalmente, estas revelaciones ponen el foco en la gestión del Ministerio de Asuntos Exteriores y en la flexibilidad de los criterios probatorios establecidos en la instrucción de la ley. La denuncia interna sugiere que la falta de supervisión y el uso de la nacionalidad como moneda de cambio política han transformado un proceso de carácter jurídico y reparador en un sistema de gestión opaco con repercusiones directas en el erario público y en las listas de espera del sistema sanitario español.
