Interior afirma ante la Audiencia Nacional que careció de informes que previeran la magnitud de la entrada en Ceuta
El Ministerio del Interior ha remitido un informe a la Audiencia Nacional en el que asegura no haber recibido ninguna «alerta, informe, comunicado o documentación operativa» que anticipara un riesgo de entrada masiva de la magnitud registrada en Ceuta los días 30 y 31 de julio. El documento, elaborado a petición de la magistrada María Tardón, sostiene que la información disponible antes de esas fechas reflejaba circunstancias ya conocidas y no detectaba situaciones capaces de desbordar las capacidades de las unidades desplegadas en la ciudad autónoma.
Según el informe, al que ha tenido acceso la Agencia EFE, el departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska estructuró su análisis en tres escenarios temporales. El primero de ellos se centró en la adaptación operativa tras la sentencia del Tribunal Supremo sobre la imposibilidad de devolver de forma inmediata a quienes llegaran a nado. Ante este cambio jurisprudencial, Interior afirma que reforzó los sistemas de detección temprana y adecuó las capacidades de las fuerzas de seguridad, previendo un incremento «progresivo y abordable» de la presión migratoria.
El Ministerio detalla que, si bien se observó un aumento de llegadas los días 28 y 29 de julio con 713 personas, estas cifras se consideraban dentro de la dinámica estival tradicional observada en Ceuta durante los meses de agosto. De hecho, Interior argumenta que hasta el 29 de julio los datos acumulados (3.883 entradas) no evidenciaban un escenario cualitativamente distinto al de años anteriores, sino un adelanto de la tendencia migratoria habitual. Bajo esta premisa, la seguridad se consideraba garantizada con los medios disponibles y los refuerzos previstos.
No obstante, la entrada de más de 70.000 personas en apenas 48 horas supuso, en palabras del Ministerio, un «episodio disruptivo» que configuró un escenario de emergencia humanitaria y de seguridad no previsible. Este volumen de llegadas forzó un cambio en la lógica de actuación, pasando de un control fronterizo ordinario a un despliegue de urgencia. El informe subraya que las decisiones adoptadas a partir de ese momento respondieron a una realidad sustancialmente diferente a la proyectada por los análisis previos.
Respecto a la labor de inteligencia, el documento revela que la primera nota informativa del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) con una alerta específica se recibió a las 21:34 horas del 30 de julio, cuando los acontecimientos ya estaban en curso. Dicha nota advertía de llamamientos en redes sociales para una posible entrada masiva el 15 de agosto. A partir de esa comunicación, Interior admite que el riesgo de desbordamiento dejó de ser una «hipótesis abstracta» para convertirse en un «riesgo acreditado», lo que motivó la solicitud de financiación europea y la instalación de nuevos elementos de contención.
Finalmente, el Ministerio del Interior ha informado a la magistrada sobre la existencia de otras seis notas confidenciales del CNI remitidas durante el mes de agosto. Sin embargo, el departamento ha declinado enviar su contenido íntegro a la Audiencia Nacional, alegando que cuentan con una clasificación de seguridad atribuida por el Ministerio de Defensa. Interior se ha mostrado dispuesto a colaborar con la investigación, pero señala que la facultad de desclasificar o remitir dichos informes clasificados corresponde legalmente al propio CNI.
