UGT interpone una querella contra Adif por la filtración de los audios del accidente de Urda
La Unión General de Trabajadores (UGT) ha formalizado una querella criminal contra el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) a raíz de la difusión de las grabaciones de audio entre el Centro de Regulación y Control (CRC) de Atocha y los maquinistas de los trenes implicados en el accidente de Urda (Toledo). La acción legal, que sucede a la denuncia presentada previamente por el Sindicato de Circulación Ferroviario (SCF), denuncia la presunta comisión de delitos de descubrimiento y revelación de secretos.
La querella se dirige contra los responsables, directivos o empleados que hubieran accedido, copiado o facilitado a terceros dichas comunicaciones, en las que se registran los momentos críticos del siniestro que costó la vida a 69 personas. El sindicato busca, a través de la vía judicial, identificar a los autores de la filtración y depurar las responsabilidades legales que correspondan, tras considerar que el acceso a este material sensible vulnera la custodia de información confidencial en el marco de una investigación en curso.
Desde la organización sindical han manifestado que este paso responde a la necesidad de defender la integridad profesional de los trabajadores ferroviarios. Según el comunicado emitido, UGT considera «inaceptable» que los profesionales se vean sometidos a un juicio público basado en informaciones parciales mientras las causas del accidente aún están siendo analizadas por las autoridades competentes. La central sindical insiste en que la seguridad ferroviaria debe analizarse desde una perspectiva global que incluya factores técnicos y organizativos, y no solo humanos.
La postura institucional de UGT sostiene que investigar debe servir para mejorar la seguridad del sistema y no para construir relatos anticipados que pongan el foco sobre trabajadores individuales. «Identificar un posible error no es lo mismo que explicar un accidente», señala el sindicato, subrayando que la difusión de estas grabaciones condiciona la percepción pública de los hechos y puede derivar en señalamientos injustificados antes de conocer todas las circunstancias del suceso.
Antes de acudir a los tribunales, el sindicato ya había elevado la cuestión a la dirección de Adif y la había incluido en la comisión de conflictos, exigiendo una investigación interna exhaustiva. Con esta querella, el procedimiento entra en una fase judicial que busca esclarecer los protocolos de seguridad de la información dentro del gestor de infraestructuras y garantizar que las pruebas de accidentes ferroviarios se mantengan dentro de los cauces legales de investigación.
