Irán intensifica la aplicación de la pena de muerte bajo cargos de espionaje y seguridad nacional

Las autoridades de la República Islámica de Irán ejecutaron el pasado sábado a Yaghoub Karimpour y Nasser Bekrzadeh en la prisión central de Urmia, tras la ratificación de sus sentencias por parte del Tribunal Supremo. Ambos ciudadanos fueron ahorcados bajo la acusación de espiar para los servicios de inteligencia de Israel, en procesos judiciales que diversas organizaciones de derechos humanos han descrito como opacos y carentes de las garantías legales básicas.

Según el expediente oficial, Karimpour, graduado en Derecho, fue señalado por transmitir información sensible al Mossad, mientras que a Bekrzadeh, un preso político kurdo de 26 años, se le atribuyó el envío de datos sobre objetivos estratégicos, incluida la instalación nuclear de Natanz. Fuentes independientes han denunciado la celeridad del proceso, destacando que el Tribunal Supremo confirmó la condena de muerte de Bekrzadeh en un plazo de apenas diez días.

Estas ejecuciones se producen en un contexto de escalada en el uso de la pena capital en el país. Desde el inicio de las hostilidades regionales el pasado 28 de febrero, la organización Iran Human Rights ha confirmado al menos 145 ejecuciones, mientras que existen más de 400 casos adicionales pendientes de verificación. Por su parte, el alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, Volker Türk, informó que más de 4.000 personas han sido detenidas por cargos relacionados con la seguridad nacional en este mismo periodo.

La tendencia ascendente ya se manifestó durante el año 2025, cuando Irán ejecutó a un mínimo de 1.639 personas, lo que supuso un incremento del 68% respecto al año anterior. Amnistía Internacional sitúa actualmente a Irán como el segundo país con mayor número de ejecuciones a nivel mundial, solo por detrás de China. Las organizaciones internacionales advierten de que la situación de conflicto armado está siendo utilizada como cobertura para acelerar el ritmo de las aplicaciones de la pena de muerte.

El perfil de los ejecutados refleja una doble línea de actuación gubernamental: la persecución de supuestos vínculos con la inteligencia extranjera y la represión de la disidencia interna. Entre los casos más destacados figura el de Saleh Mohammadi, campeón nacional de lucha libre de 19 años, ejecutado tras ser detenido en protestas motivadas por la situación económica. Otros perfiles incluyen a profesionales con formación académica superior, como el ingeniero Pouya Ghobadi o el extrabajador de la Organización de Energía Atómica de Irán, Mehdi Farid.

Las condiciones en centros penitenciarios como Ghezel Hesar y Evin han sido objeto de sanciones internacionales por parte de Estados Unidos y críticas de la Unión Europea, debido a denuncias de tratos crueles y degradantes. Los informes de derechos humanos coinciden en señalar un patrón de juicios sumarísimos, confesiones obtenidas bajo coacción y la ausencia de notificaciones previas a los abogados y familiares de los condenados.

Expertos en análisis internacional sugieren que la pena capital en Irán ha evolucionado de un instrumento puramente punitivo a un mecanismo estratégico de gestión del miedo. En este marco, la celeridad de las ejecuciones de figuras vinculadas a las protestas civiles y de acusados por seguridad nacional busca ejercer un efecto disuasorio ante la población civil en un periodo de alta tensión política y militar en la región.