La Guardia Civil investiga a Plus Ultra por presuntas irregularidades en la seguridad de sus vuelos

La Guardia Civil ha iniciado una investigación contra la aerolínea Plus Ultra por la presunta comisión de delitos contra la seguridad aérea, falsificación documental y encubrimiento. Las pesquisas, que abarcan un periodo comprendido entre 2022 y mediados de 2025, se centran en el uso sistemático de pilotos en fase de instrucción para cubrir puestos de tripulación titular en vuelos de largo radio, así como en la ocultación de incidentes técnicos relacionados con el peso de las aeronaves en el momento del aterrizaje.

Según fuentes próximas a la investigación, la compañía habría empleado de manera habitual a pilotos que se encontraban en fase Lifus (Line Flying Under Supervision) como pilotos de relevo en trayectos transoceánicos. Esta fase de formación exige que el piloto en prácticas vuele siempre bajo la supervisión directa de un instructor, por lo que la normativa de la Agencia Española de Seguridad Aesa (AESA) y el reglamento europeo 965/2012 prohíben que estos efectivos computen como parte del personal cualificado mínimo para la operación de un vuelo comercial.

La práctica supuestamente permitía a la aerolínea operar rutas hacia América con tres pilotos en lugar de los cuatro exigidos legalmente. Durante los periodos de descanso obligatorio de la tripulación titular, los mandos del avión quedaban bajo la responsabilidad de pilotos en prácticas que carecían de la habilitación necesaria para ejercer de relevo. Los investigadores disponen de cuadrantes de tripulación donde la presencia de estos alumnos era consignada como indispensable para completar el número legal de efectivos del vuelo.

El centro de la investigación señala al responsable de operaciones de vuelo de la compañía como la figura administrativa y penal de referencia. Como encargado de asignar las tripulaciones y autorizar los planes de vuelo, se le vincula con la firma de las comunicaciones internas que validaban estas operativas. Las indagaciones apuntan a que el objetivo de estas prácticas era de naturaleza económica, permitiendo a la empresa reducir gastos asociados a salarios, dietas y alojamiento de personal adicional en rutas de larga distancia.

Además de la gestión de las tripulaciones, la Guardia Civil analiza diversos vuelos específicos en los que se habrían vulnerado los protocolos de seguridad. Entre ellos destaca un trayecto Caracas-Madrid de enero de 2023 que aterrizó de emergencia en Tenerife, así como rutas a Malabo y Bogotá donde se detectaron sobrepesos considerables en el aterrizaje. La investigación sugiere que el responsable de operaciones instruyó presuntamente a los comandantes para que no anotaran dichos excesos de peso en el libro técnico del avión (TLB).

La omisión de estos datos en los registros oficiales supuso que las aeronaves continuaran en servicio comercial sin pasar por las revisiones técnicas de mantenimiento reforzado que exige la normativa para casos de aterrizaje con sobrepeso. Esta conducta, según fuentes jurídicas, podría constituir una infracción muy grave de la Ley de Seguridad Aérea y un delito contra la seguridad del tráfico aéreo tipificado en el artículo 385 del Código Penal.

Estos hechos se producen en el contexto de una compañía que recibió un rescate público en marzo de 2021. La investigación también ha puesto el foco en la relevancia estratégica de ciertas rutas, como la de Madrid-Malabo, y en las conexiones institucionales de la aerolínea durante el periodo analizado. Los informes periciales y la documentación intervenida determinarán el alcance de las responsabilidades civiles y penales derivadas de estas prácticas continuadas en el tiempo.