Consuelo Madrigal alerta de un «grave déficit democrático» y critica la política de nombramientos en la Fiscalía
Consuelo Madrigal, quien fuera la primera mujer en ocupar la Fiscalía General del Estado (2015-2016) y actual fiscal de Sala del Tribunal Supremo, ha manifestado su preocupación por el estado actual de las instituciones jurídicas en España. En sus declaraciones, Madrigal advierte sobre la aplicación de «criterios de afinidad ideológica» en los nombramientos dentro del Ministerio Fiscal y denuncia lo que considera un «grave déficit democrático» derivado de la progresiva desaparición del debate deliberativo en el Parlamento.
La jurista sostiene que la política de ascensos y promociones en la carrera fiscal está sufriendo un «daño institucional» debido a un afán de «reequilibrio ideológico» por parte del Ejecutivo. Según Madrigal, el uso de la jerarquía y la unidad de actuación como herramientas de control supone una perversión del diseño constitucional de la institución, primando la cercanía a las directrices gubernamentales sobre los principios de mérito y capacidad en la designación de fiscales de Sala y jefaturas superiores.
En relación con la labor legislativa, la fiscal de Sala apunta a un deterioro del procedimiento parlamentario debido al uso recurrente del decreto ley y las denominadas «leyes ómnibus». Madrigal señala que esta práctica permite la aprobación de normas sin el necesario debate parlamentario, lo que genera la sospecha de que el Parlamento se ha convertido en una extensión de la voluntad normativa del Poder Ejecutivo, perdiendo su carácter deliberativo esencial en una democracia.
Respecto a los ataques dirigidos desde sectores políticos hacia miembros del Poder Judicial, la ex fiscal general califica de «inédito» en el contexto europeo el uso del término «lawfare» en acuerdos de investidura. A su juicio, estas acusaciones, sumadas a calificativos despectivos hacia jueces y magistrados, buscan alentar una polarización artificial que mina la confianza de la ciudadanía en el funcionamiento independiente de la Justicia y en la nítida separación de poderes.
Sobre la Ley de Amnistía, Madrigal subraya que esta norma representa un punto de inflexión en el ordenamiento jurídico constitucional español. Argumenta que la ley carece de los presupuestos habituales de una amnistía técnica, como es el paso de un régimen ilegítimo a uno democrático, y critica que su preámbulo oculte las razones políticas de su tramitación. Para la jurista, esta medida de gracia no cuenta con previsión constitucional y rompe los criterios de igualdad ante la ley.
Finalmente, Madrigal expresa su inquietud por la actual composición y funcionamiento del Tribunal Constitucional. Destaca que la alta frecuencia de resoluciones favorables a los intereses del Gobierno, adoptadas por mayorías previsibles, no favorece la confianza pública. Asimismo, considera que la posible reforma para entregar la instrucción penal a los fiscales requiere de una autonomía e independencia del Ministerio Fiscal que, en las condiciones actuales y sin un amplio consenso político, resulta inviable.
