El grupo parlamentario Sumar atraviesa un periodo de incertidumbre interna tras la reciente imputación del expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, por parte de la Audiencia Nacional. La investigación, que vincula al exlíder socialista con presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias y falsedad documental en el marco del caso Plus Ultra, ha generado un escenario de división y falta de directrices claras dentro de la formación que lidera Yolanda Díaz.
El magistrado José Luis Calama, titular del Juzgado Central de Instrucción número 4, ha citado a Zapatero como investigado al considerarlo el presunto responsable de una estructura jerarquizada destinada a la obtención de beneficios económicos mediante el ejercicio de influencias ante instancias públicas. Según el auto judicial, la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) ha realizado registros en diversas sociedades, incluyendo Inteligencia Prospectiva SL, administrada por las hijas del expresidente, ante la sospecha de cobros de comisiones que podrían ascender a los dos millones de euros.
Fuentes internas de la coalición admiten una notable ausencia de posicionamiento oficial por parte de sus principales figuras y ministros. Mientras la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ha optado por el silencio público, la portavoz parlamentaria, Verónica Martínez Barbero, ha manifestado «dudas» sobre el comportamiento de la judicatura, aunque intentando desvincular el proceso judicial de la estabilidad del Gobierno de coalición. Esta ambivalencia refleja la tensión entre los sectores que sugieren un posible caso de persecución judicial y quienes abogan por la prudencia institucional.
La gravedad de la investigación coincide con un momento de fragilidad política para Sumar, tras los resultados obtenidos en las recientes elecciones autonómicas de Andalucía, que quedaron por debajo de las expectativas de la formación. En el seno del grupo parlamentario han surgido voces que plantean una reflexión profunda sobre la permanencia en el Ejecutivo ante el desgaste que supone la causa judicial, si bien la dirección mantiene el temor a ser señalada como responsable de una eventual caída del Gabinete de Pedro Sánchez.
El esquema delictivo trazado por el juez Calama señala a Zapatero como presunto mediador para la concesión de 53 millones de euros en ayudas públicas a la aerolínea Plus Ultra. El magistrado describe una trama organizada para el tráfico de influencias donde se habrían utilizado empresas pantalla para encubrir los mecanismos de toma de decisiones. Este detalle técnico de la instrucción dificulta, según admiten fuentes de la coalición, el uso del argumento del partidismo judicial, dado el perfil técnico de la investigación liderada por la UDEF y la Fiscalía Anticorrupción.
Por su parte, Podemos ha reaccionado con mayor contundencia en la defensa del expresidente socialista. La formación liderada por Ione Belarra ha enmarcado la imputación en una supuesta estrategia de la derecha judicial, aunque la propia Belarra ha reconocido que la situación procesal de Zapatero complica significativamente la capacidad de gestión del Gobierno. Mientras tanto, en Sumar, la falta de un liderazgo unificado tras los últimos comicios agrava el clima de «caos interno» ante uno de los mayores desafíos judiciales que afectan al entorno del socio mayoritario de la coalición.
