La Audiencia Nacional investiga un entramado de transferencias venezolanas vinculado al entorno de Zapatero
El Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional ha puesto el foco en una estructura societaria que, según los indicios recabados en la investigación judicial, habría servido para canalizar fondos procedentes de Venezuela hacia el entorno del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero y la presunta financiación irregular del PSOE. Las pesquisas, dirigidas por el magistrado Ismael Moreno, sitúan a la empresa Softgestor SL en el centro de un circuito de contratos y transferencias bajo sospecha, conectando operativas empresariales con el banquero venezolano Francisco Flores.
Según el auto judicial al que ha tenido acceso Congreso Diario, la investigación ha reconstruido una secuencia de movimientos bancarios que se inicia con transferencias desde sociedades públicas venezolanas hacia cuentas españolas. El dinero circulaba posteriormente a través de la consultora Softgestor SL, cuyos socios principales son Carlos Alberto Parra Delgado y Óscar Fernández García. Los informes bancarios detallan que esta mercantil recibió fondos de procedencia incierta para desviarlos de forma inmediata a terceros, destacando pagos por un total de 145.200 euros a la entidad Análisis Relevante entre los años 2020 y 2021.
La instrucción ha destapado la existencia de contratos de asesoría que los investigadores califican como una posible pantalla para justificar el flujo monetario. El volcado de terminales telefónicos permitió localizar archivos enviados por Julio Martínez, responsable de Análisis Relevante, al empresario Francisco Flores. El objeto de estos contratos ha resultado ser idéntico al utilizado en la trama de la aerolínea Plus Ultra, incluyendo servicios de asesoramiento internacional y preparación de discursos, lo que el magistrado señala como un patrón de actuación sistemático para el movimiento de capitales.
La figura de Francisco Flores, recientemente fallecido, resulta crítica en la causa. Vinculado por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil con la gestión de cupos de petróleo en PDVSA, Flores habría actuado como pieza clave en la presunta financiación ilegal. El testimonio del empresario Víctor de Aldama ante el juez refuerza esta tesis, situando al banquero en la cúspide de un esquema diseñado para inyectar recursos económicos al Partido Socialista a través del negocio de los hidrocarburos y la red de influencias en Caracas.
La investigación también ha identificado conexiones directas con la Federación Venezolana de Fútbol (FVF). Carlos Alberto Parra Delgado, administrador de Softgestor, figura como apoderado de FVF Operaciones, filial controlada por el organismo deportivo venezolano bajo la presidencia de Jorge Andrés Giménez Ochoa. Este último es identificado por los investigadores como un integrante del núcleo cercano a la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, y formó parte de la delegación que protagonizó el incidente diplomático en el aeropuerto de Barajas en enero de 2020.
El rastreo judicial continúa centrado en la triangulación de pagos y en la verificación de las facturas emitidas. A pesar de la existencia de contratos cruzados, el magistrado ha destacado incoherencias materiales, como la ausencia de transferencias detectadas desde sociedades como Apamate hacia Análisis Relevante, a pesar de figurar formalmente como clientes. Esta pieza de la instrucción se consolida como un eje fundamental para determinar el alcance de la influencia del chavismo en las estructuras políticas españolas y la trazabilidad de los fondos gestionados por el entorno del expresidente Zapatero.
