La Junta de Extremadura confirma la supresión del programa de lengua árabe y cultura marroquí en los centros educativos

El vicepresidente y consejero de Desregulación, Servicios Sociales y Familia de la Junta de Extremadura, Óscar Fernández Calle, ha ratificado este miércoles la decisión del Ejecutivo regional de eliminar el programa de enseñanza de lengua árabe y cultura marroquí en los colegios de la comunidad autónoma. Esta medida responde, según ha explicado el consejero, al cumplimiento estricto del acuerdo de gobierno suscrito entre el Partido Popular y Vox.

Durante su intervención previa a la comisión parlamentaria para informar sobre las líneas generales de su departamento, Fernández Calle subrayó que el pacto de coalición se ejecutará «a rajatabla». El vicepresidente enfatizó que no existe margen para la modificación de este punto, asegurando que «lo que está escrito, lo que está firmado, lo que está pactado se va a cumplir en su totalidad».

La confirmación de la Consejería se produce tras la petición formal de mantenimiento del programa formulada por los dos centros educativos de Talayuela, en la provincia de Cáceres. Esta localidad constituye el principal núcleo de población de origen marroquí en Extremadura y es donde actualmente se ofrece esta materia. A pesar de la solicitud de los centros, la administración autonómica ha reiterado que el acuerdo de gobierno prevalecerá sobre las demandas locales.

En cuanto a los plazos de aplicación de la medida, el documento del acuerdo de gobierno establece septiembre de 2026 como la fecha límite para la supresión definitiva de estos estudios. No obstante, el consejero ha manifestado la voluntad del Ejecutivo regional de adelantar el proceso. «Ya veremos cuándo se imparte, pero nuestra intención es que sea desde ya», declaró Fernández Calle ante los medios de comunicación.

Este programa, que formaba parte de los convenios de colaboración cultural, permitía hasta la fecha el aprendizaje de la lengua de origen y la cultura marroquí al alumnado en edad escolar. La decisión de su eliminación supone uno de los pilares del cambio en la política educativa y de servicios sociales acordado por las fuerzas que sustentan al Gobierno de María Guardiola, marcando un cambio en la gestión de la diversidad cultural en el ámbito académico regional.