La UCO concluye un registro de doce horas en la sede del PSOE tras la imputación de Santos Cerdán
Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil han finalizado este lunes un registro de doce horas en la sede central del PSOE, ubicada en la calle Ferraz de Madrid. La intervención se produce por orden de la Audiencia Nacional en el marco del denominado «caso Leire Díez», una investigación que indaga el presunto pago de fondos del partido a una red dedicada a recabar información sensible contra jueces, fiscales y miembros de las fuerzas de seguridad.
El dispositivo policial comenzó a primera hora de la mañana, poco antes de las 9:00 horas, y se extendió hasta pasadas las 21:00 horas. Durante la jornada, efectivos de paisano accedieron a las dependencias socialistas portando equipos informáticos y mochilas para el volcado y la incautación de documentación relevante. La salida de los agentes se realizó en vehículos camuflados con cristales tintados tras completar la búsqueda de pruebas documentales solicitadas por el juzgado instructor.
La diligencia judicial se ha llevado a cabo de forma simultánea al conocimiento del auto dictado por el magistrado Santiago Pedraz, quien ha acordado la imputación del exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán; de la gerente nacional de la formación, Ana María Fuentes; y del exvicepresidente de la Junta de Andalucía, Gaspar Zarrías. El juez dirige las pesquisas contra un total de ocho personas por su presunta implicación en una trama de obtención ilícita de información.
En el marco de esta causa, el magistrado investiga delitos de organización criminal, cohecho, revelación de secretos, inducción al falso testimonio, acusación falsa, prevaricación, tráfico de influencias y falsedad en documento mercantil. Respecto a la gerente del partido, el instructor señala indicios de responsabilidad como presunta autora de un delito de falsedad por la emisión de facturas mendaces, además de su posible complicidad en el resto de los delitos investigados.
Junto a los responsables políticos, la investigación también alcanza al empresario Javier Pérez Dolset, al guardia civil Juan Sánchez Yepes y a los abogados Jacobo Teijelo e Ismael Oliver. La tesis de la instrucción plantea que la estructura bajo sospecha buscaba comprometer la labor de instituciones del Estado mediante el uso de información confidencial obtenida de forma irregular.
A las puertas de la sede socialista, la jornada ha estado marcada por una intensa presencia mediática y diversas manifestaciones de ciudadanos. Durante las horas que duró el registro, se registraron concentraciones de protesta contra el Ejecutivo, así como incidentes aislados y la presencia de personas que se acercaron a las inmediaciones de Ferraz para expresar su postura ante los hechos investigados, en un ambiente de notable expectación por el desarrollo de las diligencias judiciales.
