Polémica por el acceso a cirugías de cambio de sexo en menores tras el experimento de una periodista irlandesa
El debate sobre los protocolos de transición de género en España ha cobrado una nueva dimensión internacional tras la denuncia pública realizada por la periodista irlandesa Róisín Michaux. La activista asegura haber gestionado con éxito la reserva de una mastectomía para una supuesta menor de 15 años en una clínica privada de Madrid, prescindiendo de diagnósticos médicos previos o derivaciones psiquiátricas, amparándose en el marco normativo vigente tras la aprobación de la Ley para la igualdad real y efectiva de las personas trans en 2022.
Según el relato difundido por Michaux, el proceso se llevó a cabo bajo un perfil ficticio de una adolescente con diagnóstico de autismo y depresión. La periodista sostiene que, a pesar de informar explícitamente sobre estas comorbilidades y la presunta negativa de un psiquiatra a intervenir, la clínica confirmó la cita para la intervención quirúrgica (conocida como «top surgery») contando únicamente con el consentimiento de un progenitor. El hallazgo, compartido en redes sociales, ha generado una amplia repercusión y ha captado la atención de figuras internacionales del ámbito deportivo y social.
La legislación española actual establece la libre autodeterminación de género eliminando la necesidad de diagnósticos médicos o tratamientos previos. En el marco legal vigente, a partir de los 16 años el cambio es totalmente libre, mientras que para los menores de entre 14 y 15 años se requiere el consentimiento de sus representantes legales. Esta despatologización del proceso es el eje central de la controversia, especialmente cuando se trata de menores con cuadros clínicos complejos o neurodivergencia.
Desde la agrupación Amanda, que representa a familias de menores que atraviesan procesos de disforia de género, se ha advertido sobre la correlación entre la petición de transición y la existencia de traumas previos o trastornos del espectro autista (TEA). Según datos de esta organización, una parte significativa de los menores que se declaran trans presentan dificultades de socialización o condiciones psicológicas que, a su juicio, deberían ser evaluadas bajo protocolos más rigurosos antes de proceder a intervenciones quirúrgicas irreversibles.
La repercusión del caso ha movilizado a diversos colectivos feministas en España, quienes han instado a la Fiscalía de Menores a investigar si se están cumpliendo las salvaguardas legales en el sector sanitario privado. Argumentan que la realización de cirugías de esta naturaleza sin el debido rigor procedimental podría tener implicaciones legales severas, recordando que el código penal contempla penas de cárcel para intervenciones que no cumplan con los requisitos de protección al menor.
El suceso coincide con el posicionamiento de España en el primer puesto del «Rainbow Map» de ILGA-Europe, una clasificación que mide el nivel de derechos LGTBI y que el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha calificado como un éxito de «coraje político». No obstante, este liderazgo en derechos de identidad contrasta con el descenso de España en otros indicadores internacionales, como el Índice de Mujeres, Paz y Seguridad de la Universidad de Georgetown, donde el país ha pasado del puesto 5 al 25 en los últimos seis años.
Por el momento, ni el Ministerio de Sanidad ni las instituciones mencionadas en la denuncia han emitido un comunicado oficial respecto al caso concreto de la clínica madrileña. La situación pone de manifiesto la creciente brecha en el consenso europeo, donde naciones como Reino Unido o Suecia han comenzado a restringir los tratamientos médicos en menores para priorizar el acompañamiento psicológico, mientras España mantiene uno de los modelos de autodeterminación más flexibles del continente.
