La Asociación de Fiscales califica de insuficiente la respuesta sobre las reuniones en la sede de la Fiscalía General
La Asociación de Fiscales (AF), la organización mayoritaria dentro de la carrera fiscal, ha manifestado este miércoles su «profunda indignación» ante lo que considera una respuesta incompleta por parte de la Fiscalía General del Estado (FGE). El malestar de la asociación surge a raíz de la información sobre los encuentros mantenidos en la sede institucional por Leire Díez con Diego Villafañe, fiscal y colaborador estrecho del Fiscal General, Álvaro García Ortiz.
A través de un comunicado titulado «NO ES SUFICIENTE», la asociación profesional ha exigido una aclaración exhaustiva sobre las circunstancias de estas reuniones. La AF reclama conocer quién autorizó los encuentros, qué decisiones se derivaron de ellos y por qué se optó por una vía ajena a los cauces ordinarios de funcionamiento de la institución. Según subraya el escrito, la comparecencia no tuvo lugar en una fiscalía territorial, sino en la sede central de la calle Fortuny, fuera del horario de atención al público y con la intervención de responsables de primer nivel.
Los hechos se contextualizan en la respuesta que la Fiscalía General ha remitido al juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz. En dicho informe, la FGE reconoce que el fiscal Villafañe mantuvo dos reuniones con Leire Díez en la primavera de 2025. La asociación incide en que los encuentros se producen con una persona presuntamente vinculada a un grupo con objetivos contra instituciones del Estado y miembros de la carrera fiscal.
La AF pone de relieve una contradicción en la gestión del caso: sostiene que, si los hechos comunicados por la interlocutora carecían de relevancia penal, no se justifica la celebración de sucesivas reuniones ni la implicación de altos cargos. Por el contrario, si la información aportada merecía atención jurídica, la asociación cuestiona por qué no se activaron los procedimientos de investigación previstos en el estatuto orgánico de la Fiscalía.
En el comunicado se plantean interrogantes directos sobre la cadena de mando y la transparencia del proceso. La organización interpela directamente a la Fiscal de Sala jefa de la Inspección Fiscal, Teresa Peramato, solicitando respuestas sobre quién facilitó el acceso a las dependencias y por qué se dio cuenta de ello al Fiscal General si la situación no justificaba, en teoría, actuación alguna.
Finalmente, la Asociación de Fiscales insiste en que la gravedad de los hechos no permite una «explicación genérica». La organización profesional reitera la necesidad de preservar el rigor institucional y el cumplimiento estricto de las normas de funcionamiento para garantizar la integridad de la carrera fiscal y de la propia Fiscalía General del Estado.
