El PP denuncia la vinculación de la Fiscalía General con la presunta trama de Leire Díez tras confirmarse reuniones oficiales
La Fiscalía General del Estado ha confirmado ante la Audiencia Nacional la celebración de dos encuentros entre antiguos altos cargos de la institución y la exmilitante socialista Leire Díez. Esta revelación ha provocado una respuesta inmediata de la dirección del Partido Popular, que califica de «escándalo» la presunta existencia de una red orientada a influir en causas judiciales que afectan al entorno del Gobierno y del PSOE.
En un informe remitido al magistrado Santiago Pedraz, el Ministerio Público ha admitido que Diego Villafañe, quien fuera teniente fiscal de la Secretaría Técnica bajo la dirección de Álvaro García Ortiz, mantuvo dos reuniones con Díez y con Jacobo Teijelo, abogado del dirigente socialista Santos Cerdán. La información responde al requerimiento judicial sobre encuentros realizados en la sede del organismo entre abril de 2024 y junio de 2025.
La vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, ha manifestado que estas confirmaciones avalan las sospechas de la formación sobre la magnitud de la supuesta trama. Según Gamarra, las anotaciones de la agenda de Leire Díez reflejan una interlocución constante con figuras de alto nivel, citando reuniones con Santos Cerdán, el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero y referencias a contactos con el propio presidente del Gobierno.
Por su parte, la portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Ester Muñoz, ha subrayado la gravedad de que la Fiscalía General fuera uno de los puntos de recepción de la exmilitante. Muñoz ha señalado que la extensión de estos contactos sugiere una vinculación profunda entre la investigada y diversas esferas del Partido Socialista, afirmando que «lo raro va a ser encontrar en el PSOE a quien no se haya reunido con ellos».
En la misma línea, el portavoz nacional del PP, Borja Sémper, ha descrito la situación como un «escándalo que no cesa», cuestionando la integridad de los procesos institucionales tras conocerse la identidad de los asistentes a dichas reuniones. Los populares sostienen que estas acciones buscaban «desestabilizar de forma sistemática» los procedimientos judiciales en curso.
El magistrado Pedraz investiga actualmente si estas reuniones formaron parte de una estrategia coordinada para interferir en causas que afectan al Ejecutivo. Mientras la Fiscalía ha cumplido con el requerimiento de información, el Gobierno mantiene su postura oficial de desvinculación total de las actividades de Leire Díez, insistiendo en que el presidente Pedro Sánchez nunca mantuvo encuentros con ella.
