El Gobierno justifica el decreto de RTVE para evitar la «causa de disolución» de la corporación pública

El Ejecutivo ha reconocido formalmente que la reciente modificación de la Ley de la Radio y Televisión Española (RTVE), aprobada mediante real decreto-ley, responde a la necesidad urgente de evitar que la corporación pública incurra en una «causa de disolución» jurídica. Según consta en la memoria del análisis de impacto normativo, la situación financiera del ente, marcada por contingencias fiscales relacionadas con el IVA, amenazaba con situar su patrimonio neto en cifras negativas de hasta 118 millones de euros.

El documento técnico detalla que, con una previsión a 31 de diciembre de 2025, el patrimonio neto de RTVE se sitúa en los 823 millones de euros. No obstante, la obligatoriedad de registrar una provisión contable de 941 millones de euros, derivada de un cambio de estimación del riesgo en las contingencias fiscales por parte de los auditores, habría provocado una disminución patrimonial crítica, arrastrando a la entidad a un balance negativo.

La reforma normativa establece que los impuestos no deducibles por la corporación pasen a ser considerados formalmente como parte del coste del servicio público. Con esta medida, el Gobierno busca neutralizar el impacto de posibles pronunciamientos judiciales desfavorables sobre la deducibilidad del IVA que actualmente se dirimen en la Audiencia Nacional. El Ejecutivo sostiene que, al identificar estas cantidades como compensación por el servicio público, se garantiza que los 823 millones de euros actuales representen la «imagen fiel» del patrimonio, eliminando la necesidad de registrar la mencionada provisión.

En su análisis, el Gabinete defiende que «no hay otra alternativa» para asegurar la sostenibilidad financiera de RTVE. De no haberse aprobado el decreto, el Estado habría tenido que recurrir a una reposición patrimonial directa para sanear las cuentas. Según las estimaciones oficiales, dicha intervención habría oscilado entre los 300 millones de euros —si se hubiera optado por una reducción drástica del capital social— y los 900 millones de euros para mantener la estructura actual.

El texto oficial señala que el objetivo primordial es «paliar de forma urgente las consecuencias económicas que genera la incertidumbre financiera» provocada por los nuevos criterios judiciales y administrativos. Asimismo, el Gobierno asegura que este cambio en la gestión de los impuestos no deducibles no tendrá impactos significativos sobre la economía general ni afectará a las condiciones de competencia en el sector audiovisual.

Esta decisión administrativa se produce tras varios ejercicios de tensiones en el Consejo de Administración de RTVE, donde algunos consejeros se habían negado a refrendar las cuentas anuales advirtiendo de los riesgos financieros subyacentes. Con la entrada en vigor de la nueva normativa, el Ejecutivo da cobertura legal a la situación contable de la corporación, estabilizando su viabilidad jurídica y financiera de cara al próximo ejercicio fiscal.