Las acusaciones populares se oponen al viaje de Begoña Gómez al extranjero por riesgo de fuga
Las acusaciones populares personadas en la causa que investiga a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, han manifestado ante el Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid su «oposición definitiva y total» a que la investigada pueda desplazarse fuera del territorio nacional. La representación jurídica, liderada por la organización Hazte Oír, sostiene que existe un riesgo de sustracción a la acción de la Justicia, dada la naturaleza de las medidas cautelares actualmente vigentes.
La defensa de Gómez solicitó recientemente al magistrado Juan Carlos Peinado una autorización excepcional para viajar entre los días 7 y 10 de julio. El itinerario previsto incluía una primera escala en Ankara (Turquía), con el fin de acompañar al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, en la cumbre de la OTAN, y un posterior desplazamiento a Londres para asistir a la ceremonia de graduación de su hija.
Esta solicitud se produce después de que el juez instructor acordara recientemente la retirada del pasaporte y la prohibición de salida de España como medidas cautelares. Según el escrito de las acusaciones, cualquier levantamiento, incluso parcial, de estas restricciones requiere un «riguroso escrutinio» y solo debería justificarse ante una «necesidad imperiosa y debidamente acreditada», circunstancias que consideran que no concurren en este caso.
Respecto al viaje al Reino Unido, los solicitantes de la acusación argumentan que la asistencia a un acto académico no constituye una causa de fuerza mayor para una persona que se halla formalmente procesada. Asimismo, advierten de que, tras el Brexit, la cooperación judicial con este país ha experimentado una merma significativa respecto al régimen de la euroorden. Añaden, además, que el desplazamiento a Londres se realizaría en vuelo comercial y sin cobertura oficial, quedando la investigada «fuera de todo control institucional español».
En cuanto a la estancia en Turquía, el escrito subraya que la figura de «primera dama» carece de reconocimiento jurídico en el ordenamiento español. Las acusaciones alegan que la presencia de Gómez en la delegación oficial respondería a actos de «mera cortesía» y asistencia voluntaria, no a una obligación institucional. El riesgo de sustracción se vería agravado, según el escrito, por tratarse de un país ajeno a la Unión Europea.
Como petición subsidiaria, en caso de que el juzgado decida autorizar los desplazamientos, las acusaciones reclaman que la investigada aporte el detalle minucioso de vuelos, horarios y alojamientos. Estos datos deberían, a su juicio, integrarse en una pieza separada de carácter reservado para preservar la publicidad del proceso mientras el desplazamiento se encuentre en curso.
