El Tribunal Supremo vinculará el futuro procesal de Puigdemont a la doctrina que fije el Constitucional sobre la amnistía

El magistrado del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, tiene previsto aplicar la doctrina que establezca el Tribunal Constitucional (TC) en relación con la amnistía del exconseller Jordi Turull para determinar el futuro judicial de Carles Puigdemont. Según fuentes jurídicas, el instructor de la causa del «procés» no esperará a que la corte de garantías resuelva el recurso de amparo específico del expresident, sino que actuará una vez se fije el criterio general sobre el alcance de la ley en los delitos de malversación.

La decisión clave se espera para el próximo pleno del Tribunal Constitucional, cuya fecha inicial de deliberación está fijada para el 22 de septiembre. No obstante, el calendario podría desplazarse hasta el 6 de octubre debido a la complejidad de la ponencia, encargada al magistrado José María Macías. El fallo sobre el recurso de Turull se considera determinante, ya que establecerá una doctrina sobre la malversación que será directamente extrapolable a los procesados en rebeldía, entre los que se encuentran el propio Puigdemont y los exconsellers Antoni Comín y Lluís Puig.

Una vez que el Tribunal Constitucional dicte sentencia, se abrirán dos escenarios procesales en el Tribunal Supremo: que el juez Llarena actúe de oficio o que lo haga a instancia de las defensas de los procesados. Esta última opción es la que los expertos consideran más probable si el pronunciamiento del Constitucional resulta favorable a los intereses de los líderes independentistas huidos de la justicia española.

Hasta el momento, el magistrado Llarena ha mantenido la exclusión de la amnistía para el delito de malversación en el caso de Puigdemont. El instructor sostiene que el artículo 1 de la norma impide su aplicación cuando los delitos se cometen con el objetivo de obtener un beneficio personal de naturaleza patrimonial. Esta interpretación mantiene vigente la orden de detención nacional contra el expresident, una medida que no se vio alterada por los recientes pronunciamientos del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre la conformidad de la ley con el derecho comunitario.

El horizonte judicial también contempla la posibilidad de que el Tribunal Supremo, en función del contenido de la doctrina que emane del Constitucional, decida elevar una cuestión prejudicial ante los tribunales europeos. Esta vía permitiría al Alto Tribunal consultar la compatibilidad de la interpretación constitucional con el marco normativo de la Unión Europea antes de emitir una resolución definitiva sobre el archivo de las causas pendientes.

El desenlace de este proceso marcará un hito en la aplicación de la Ley de Amnistía, al definir si el criterio de la corte de garantías obliga a una revisión inmediata de la situación de los procesados en rebeldía o si, por el contrario, prevalecen los argumentos técnicos del Tribunal Supremo sobre el perjuicio patrimonial y los intereses financieros de la Unión.