El PP defiende en el Congreso su propuesta para que los jueces elijan a la mayoría de los vocales del CGPJ

El Pleno del Congreso de los Diputados ha debatido este jueves la proposición de ley presentada por el Grupo Popular para reformar el sistema de elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). La iniciativa busca modificar el modelo vigente para que los doce vocales de procedencia judicial sean elegidos directamente por los jueces y magistrados en activo mediante listas abiertas, limitando la intervención de las Cortes Generales a la designación de los ocho vocales restantes, correspondientes al turno de juristas de reconocida competencia.

La encargada de defender la propuesta ha sido la vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, quien ha argumentado que esta reforma es necesaria para garantizar la independencia judicial y la separación de poderes. Gamarra ha justificado la urgencia de la medida ante lo que considera ataques constantes del Gobierno a la judicatura y un intento de romper las costuras del Estado de Derecho. En su intervención, ha hecho referencia a las recomendaciones de la Comisión Europea y de la Comisión de Venecia para defender un sistema que, a su juicio, neutraliza los riesgos de politización interna y asegura una representación equilibrada en el órgano de gobierno de los jueces.

Desde las filas del Gobierno y sus socios de coalición, la propuesta ha sido recibida con un rechazo frontal. El diputado del PSOE, Francisco Aranda, ha acusado al Partido Popular de intentar puentear la Constitución y de buscar la entrega del control de la justicia a las asociaciones judiciales de corte conservador. Aranda ha defendido que tanto el ordenamiento constitucional español como el Tribunal Constitucional avalan que el Poder Legislativo tenga un papel determinante en la elección del CGPJ, garantizando así la legitimidad democrática del órgano.

En una línea similar se ha pronunciado Enrique Santiago, en representación de Sumar, quien ha equiparado la pretensión de que los jueces elijan a los jueces con la hipótesis de que los diputados se eligieran a sí mismos. Santiago ha incidido en que los poderes del Estado deben emanar de la soberanía popular y ha señalado que el sistema actual es plenamente homologable a otros modelos europeos. Asimismo, ha cuestionado que el PP hable de politización por la intervención parlamentaria y no por el signo ideológico de los nombramientos realizados por el propio Consejo.

Por parte de los grupos que han apoyado la tramitación, Alberto Catalán (UPN) ha coincidido en la necesidad de recuperar la separación de poderes y acabar con la imagen de justicia politizada que, según ha afirmado, generan las actuaciones del Ejecutivo contra los procedimientos judiciales. Por el contrario, José María Sánchez García, de Vox, ha centrado su discurso en la urgencia de reformar no solo el CGPJ, sino también el sistema de nombramientos en el Tribunal Supremo y las Audiencias para eliminar la discrecionalidad en las designaciones de altos cargos judiciales.

Los grupos nacionalistas e independentistas también han manifestado sus reticencias. Mikel Legarda (PNV) ha señalado que el modelo del PP no es la única vía para cumplir con los estándares europeos y ha abogado por romper el vínculo entre los vocales y los cargos gubernativos. Josep Pagès (Junts) ha calificado al CGPJ como un órgano politizado por definición y ha solicitado que la reforma incluya criterios de transparencia y el cese de retribuciones para los vocales con mandato caducado. Finalmente, desde ERC y Podemos se ha cuestionado la credibilidad de la justicia actual, acusando al PP de intentar perpetuar una cúpula judicial conservadora mediante esta reforma.