El Pleno del Congreso aprueba la ley de nacionalidad para los saharauis nacidos bajo administración española

El Pleno del Congreso de los Diputados ha dado luz verde este jueves a la proposición de ley que otorga la nacionalidad española por carta de naturaleza a los ciudadanos saharauis nacidos en el Sáhara Occidental antes del 29 de septiembre de 1977. La iniciativa, que busca resolver una reivindicación histórica de este colectivo, ha contado con el respaldo de 178 votos a favor, procedentes del grupo proponente (Sumar), el PSOE y las formaciones nacionalistas vascas y catalanas. Por su parte, el Partido Popular se ha decantado por la abstención, mientras que Vox ha votado en contra.

La nueva normativa establece que los beneficiarios podrán solicitar la nacionalidad española sin necesidad de acreditar la residencia legal en España. Asimismo, los descendientes en primer grado de consanguinidad de los beneficiarios dispondrán de un plazo de cinco años, a contar desde la inscripción de sus progenitores en el Registro Civil, para formalizar su propia solicitud. La sesión ha estado marcada por un ambiente de expectación en la tribuna de invitados, donde representantes de la comunidad saharaui han seguido el desarrollo del debate parlamentario.

Para acogerse a este proceso, los interesados deberán presentar documentación que acredite su nacimiento en el territorio durante el periodo de administración española. Entre los documentos válidos se incluyen el Documento Nacional de Identidad (DNI) español (aunque esté caducado), el recibo de inscripción en el censo para el referéndum de autodeterminación autentificado por Naciones Unidas, certificados de nacimiento, libros de familia, carnés de conducir o cualquier otra certificación expedida por la administración española que acredite el lugar y fecha de nacimiento.

Desde el punto de vista técnico y político, los grupos de izquierda han defendido la norma como un ejercicio de «reparación histórica» para un territorio que fue considerado la provincia número 53 de España entre 1958 y 1976. Durante ese periodo, los ciudadanos saharauis disponían de plena documentación española y representación en las instituciones del Estado. Sin embargo, el proceso de descolonización quedó interrumpido tras la salida de España en noviembre de 1975, en el contexto de la Marcha Verde.

El debate parlamentario no ha estado exento de críticas hacia la política exterior del Gobierno. Diversas formaciones han aprovechado sus intervenciones para cuestionar el cambio de postura del Ejecutivo de Pedro Sánchez respecto al plan de autonomía marroquí para el Sáhara Occidental. Por su parte, el Partido Popular ha justificado su abstención al defender una fórmula alternativa que exigiera al menos dos años de residencia legal en España, similar al procedimiento abreviado del que ya gozan ciudadanos de países iberoamericanos, Guinea Ecuatorial o Portugal.

La aprobación de esta ley se produce en un contexto diplomático complejo marcado por las relaciones bilaterales con el Reino de Marruecos. Los analistas señalan que la tramitación de esta norma y las recientes visitas institucionales a Argelia han influido en el clima de tensión fronteriza, especialmente tras los informes policiales que señalaron una planificación previa en los movimientos migratorios masivos hacia Ceuta.

A pesar de la aprobación de la nacionalidad, los colectivos saharauis han manifestado que, si bien el paso dado hoy supone un avance fundamental para dejar atrás su situación de apatridia, seguirán instando al Gobierno de España a posicionarse activamente a favor del referéndum de autodeterminación supervisado por las Naciones Unidas, organismo que sigue considerando al Sáhara Occidental como uno de los 17 territorios no autónomos pendientes de descolonización.