La dirección de la Guardia Civil elude abordar el ‘caso Leire’ durante el Pleno del Consejo del cuerpo
La directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, y el director adjunto operativo (DAO), el teniente general Manuel Llamas, evitaron ofrecer explicaciones internas sobre las recientes revelaciones del sumario del denominado ‘caso Leire’ durante el último Pleno del Consejo del Instituto Armado. A pesar de que la reunión, de carácter institucional, se prolongó por más de cinco horas con la participación de las principales asociaciones profesionales, la cúpula directiva no hizo mención a las presuntas presiones a los investigadores de la Unidad Central Operativa (UCO) que figuran en la causa instruida por la Audiencia Nacional.
El silencio de los máximos responsables se produce en un contexto de especial sensibilidad para la institución. Según el sumario de la investigación que dirige el juez Santiago Pedraz, existen indicios de que desde la dirección se habría intentado influir en el desarrollo de pesquisas que afectan a figuras vinculadas al Partido Socialista y al entorno de la Presidencia del Gobierno. No obstante, en la comisión preparatoria del encuentro, González se limitó a reiterar la postura oficial mantenida por el Ministerio del Interior, asegurando que no ha realizado ninguna acción que pudiera perjudicar el prestigio o la operatividad del cuerpo.
La ausencia de explicaciones en el seno del Consejo coincide con la incomparecencia de Mercedes González ante la Comisión de Interior del Senado, donde había sido citada por el Grupo Popular. La directora general justificó su ausencia por motivos de agenda institucional relacionados con la visita del Papa y su propia participación en el citado Consejo. Esta falta de comparecencia ha intensificado el debate político sobre la transparencia en la gestión de los contactos con Leire Díez, exmilitante socialista cuyos vínculos con la dirección han sido objeto de análisis por parte de la UCO.
Uno de los puntos más críticos que emana de los informes policiales es la orden atribuida al teniente general Manuel Llamas, quien presuntamente instó a mandos de la Policía Judicial y de la UCO a «ponerse de perfil» en investigaciones relativas a casos de corrupción. Según las declaraciones que constan en el sumario, se habría sugerido a los agentes esperar a la iniciativa de la autoridad judicial antes de profundizar en determinadas diligencias, una directriz que ha generado un notable malestar en diferentes escalas del cuerpo al interpretarse como una posible injerencia en la independencia investigadora.
En el ámbito asociativo, aunque no se elevó el tono durante el Pleno respecto al caso judicial, persiste el descontento por otras cuestiones laborales y estatutarias. Si bien la reunión fue calificada de «más calmada» que en ocasiones anteriores —tras el fin del plante de las asociaciones por la exclusión de la Guardia Civil en la declaración de profesión de riesgo—, se mantienen discrepancias de fondo. La directora general mostró disposición para avanzar en medidas de conciliación, pero mantuvo su oposición frontal a la implantación de la jornada laboral de 35 horas, una medida ya vigente en las Fuerzas Armadas.
La situación interna, marcada por las revelaciones judiciales, ha provocado que diversos sectores del Instituto Armado cuestionen la autoridad del DAO. Fuentes próximas a la institución señalan que la difusión de los informes de la UCO ha impactado en la moral de la escala operativa, mientras que desde la Dirección General se intenta normalizar la actividad institucional enfocando el diálogo en los trámites normativos pendientes y en la mejora de las condiciones de servicio de los agentes.
