Cuerpo expresa su «indignación» por el caso Ábalos y pide que no haya impunidad en los nombramientos irregulares

El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, ha manifestado este lunes su «indignación» ante los hechos que se están conociendo en el marco del procedimiento judicial que afecta al exministro de Transportes, José Luis Ábalos. En una intervención institucional, el titular de Economía ha subrayado la importancia de que los mecanismos de control funcionen de manera efectiva para garantizar que no exista impunidad ante presuntas irregularidades en la contratación de personal en empresas públicas.

Durante una entrevista concedida a Onda Cero, recogida por los medios parlamentarios, Cuerpo ha señalado que vive el proceso judicial como «cualquier ciudadano», conforme se desvelan detalles sobre las presuntas contrataciones de Jessica Rodríguez y Claudia Montes en entes dependientes del Estado. El ministro ha enfatizado que lo fundamental en este escenario es que los sistemas de fiscalización administrativa, presupuestaria y de auditoría operen con el rigor necesario para detectar y prevenir este tipo de conductas de manera preventiva.

El responsable de la cartera de Economía ha defendido la independencia y actuación de las fuerzas de seguridad y del poder judicial, del que espera una resolución «rápida y contundente» sobre todas las materias que resulten probadas durante el juicio que se desarrolla en el Tribunal Supremo. «Esto es lo que espero yo y lo que entiendo que esperan los ciudadanos», ha remarcado el ministro, situando la transparencia y la rendición de cuentas como pilares básicos de la respuesta del Ejecutivo ante este caso.

En relación a la posible percepción de salarios sin la contraprestación de servicios efectivos por parte de personas contratadas en el sector público, Cuerpo ha asegurado que se procederá a «levantar todas las alfombras» para descubrir cualquier comportamiento que se aleje de la legalidad vigente. Según el ministro, en caso de confirmarse la existencia de estos contratos ficticios, los implicados deberán enfrentarse a las consecuencias legales y administrativas que correspondan.

Finalmente, el ministro de Economía ha abogado por que el procedimiento judicial determine si las personas beneficiadas por estas designaciones deben reintegrar los fondos públicos percibidos en caso de que se demuestre que no desempeñaron sus funciones laborales. Estas declaraciones se producen en un momento de especial atención parlamentaria sobre la gestión de los nombramientos en las empresas de titularidad pública y el uso de los recursos del Estado.