El Gobierno tramitará en julio un real decreto para regular el alquiler y elevar al 21% el IVA de los pisos turísticos
El Consejo de Ministros ha anunciado la aprobación, prevista para el presente mes de julio, de un paquete de medidas urgentes destinado a abordar la crisis de acceso a la vivienda en España. El Ejecutivo busca articular un «gran acuerdo» en el Congreso de los Diputados mediante un real decreto que integrará reformas estructurales en el mercado inmobiliario, destacando el incremento de la presión fiscal sobre las viviendas de uso turístico, que pasarán a tributar un 21% de IVA.
La portavoz del Gobierno y ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha definido la iniciativa como un texto «ambicioso y transversal» que pretende dar una respuesta integral a la problemática habitacional. Según ha detallado Saiz, el documento es fruto del consenso entre las formaciones del Gobierno de coalición, PSOE y Sumar, y aspira a recabar el apoyo de la mayoría parlamentaria mediante la inclusión de propuestas de diversos grupos políticos consultados a lo largo de la legislatura.
La normativa se estructurará en dos ejes de actuación definidos. El primer bloque está orientado a la contención de precios, la estabilidad contractual y la lucha contra el fraude en el sector del arrendamiento. Entre las medidas específicas se incluye la regulación de los alquileres de temporada y por habitaciones, la prórroga extraordinaria de los contratos de alquiler vigentes y la obligatoriedad de que todos los contratos se formalicen por escrito. Asimismo, se introducirán bonificaciones en el IRPF para aquellos propietarios que reduzcan el precio de la renta a sus inquilinos.
El segundo bloque del decreto se centrará en la movilización de vivienda asequible. Además de la equiparación del IVA de los pisos turísticos al tipo general del 21%, el texto incorporará mecanismos de agilidad administrativa para facilitar el desarrollo de proyectos residenciales. La portavoz gubernamental ha subrayado que estas medidas buscan equilibrar el mercado y garantizar que la vivienda cumpla su función social frente al auge de modalidades de explotación que reducen la oferta residencial permanente.
En el plano parlamentario, el Gobierno ha intensificado los contactos con los grupos desde que el pasado 28 de abril decayera el anterior decreto de prórrogas al alquiler. La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, mantiene una ronda de diálogo permanente con el objetivo de que el texto «vea la luz» con un amplio respaldo institucional. No obstante, desde el Ejecutivo se ha criticado la postura del Partido Popular, señalando que la formación se ha distanciado de la búsqueda de soluciones consensuadas en esta materia.
Finalmente, Elma Saiz ha reiterado que el problema de la vivienda es una de las mayores preocupaciones de la ciudadanía y que su resolución «solo se puede resolver desde el acuerdo». El Gobierno confía en que la tramitación de este real decreto durante el mes de julio permita establecer un marco normativo sólido que proporcione seguridad jurídica tanto a arrendadores como a arrendatarios en todo el territorio nacional.
