Exlíderes estudiantiles venezolanos denuncian tortura sistemática y exponen su visión para la transición democrática
Un grupo de representantes de la generación de líderes formados en España entre 2010 y 2014 ha expuesto el balance de más de una década de persecución política en Venezuela, detallando las secuelas de lo que denominan una estrategia sistemática de represión. Los testimonios, que recogen experiencias de cárcel, tortura y exilio, coinciden en señalar la necesidad de un proceso de reinstitucionalización profunda tras el reciente debilitamiento de la estructura de poder de Nicolás Maduro y la intervención de factores internacionales.
El programa de formación que trajo a Madrid a más de 300 jóvenes venezolanos para estudiar la transición democrática española se ha convertido, con el paso de los años, en un referente del destino de la disidencia intelectual y política del país. Según los datos aportados por los protagonistas, la mayoría de estos activistas ha enfrentado procesos judiciales en tribunales militares o se ha visto obligada a integrarse en la diáspora, que actualmente supera los ocho millones de personas de acuerdo con cifras de la Agencia para los Refugiados de la ONU (ACNUR).
Carlos Graffe, uno de los líderes becados que participó activamente en la campaña de la oposición en 2024, relató su experiencia en la cárcel militar de Ramo Verde. Graffe denunció haber sido sometido a «tortura blanca» y aislamiento en celdas de castigo sin acceso a luz solar ni agua potable, a pesar de padecer condiciones médicas preexistentes. Según su testimonio, estos métodos buscaban coaccionar a su entorno familiar para cesar las denuncias públicas sobre su detención arbitraria.
En la misma línea, Jesús Armas, quien fungió como jefe de campaña en Caracas durante los últimos comicios, describió el patrón de detenciones ejecutadas por agentes con el rostro cubierto y traslados a centros de reclusión como El Helicoide y la Zona 7 de la Policía Nacional Bolivariana. Armas destacó que las condiciones de hacinamiento e insalubridad son una constante en el sistema penitenciario utilizado para el confinamiento de presos políticos, cuya cifra actual se estima por encima de los 500 individuos.
Desde la perspectiva institucional y de género, Adriana Pichardo, diputada y coordinadora de Voluntad Popular, subrayó que la hoja de ruta para una democracia plena debe incluir el cese inmediato de la persecución y el desmontaje del aparato represivo estatal. Pichardo, quien regresó a Venezuela tras un periodo de exilio, enfatizó que la transición política requiere la restitución de los derechos civiles de los dirigentes inhabilitados y el nombramiento de autoridades transitorias en los poderes públicos que garanticen un proceso electoral transparente.
Por su parte, Sergio Contreras y Rodrigo Diamanti han trasladado la lucha por los derechos humanos al ámbito internacional desde sus respectivos exilios en España y Estados Unidos. Contreras, quien ha mantenido encuentros de alto nivel en el Palacio de la Zarzuela para tratar la crisis de refugiados, advirtió que cualquier proceso de transición debe asegurar que los responsables de crímenes de lesa humanidad enfrenten la justicia para permitir una reparación real de las víctimas. Diamanti, a través de su organización «Un mundo sin mordaza», ha insistido en la importancia de la observación técnica de Naciones Unidas y el Parlamento Europeo en futuras consultas populares.
La situación actual del país, marcada por una crisis de servicios públicos y restricciones a la libertad de prensa, es descrita por estos líderes como un estado de «esperanza activa». Los activistas demandan que la actual gestión de transición, vinculada a figuras como Delcy Rodríguez tras los cambios en la cúpula del poder, avance hacia el desmantelamiento de las estructuras de control social y permita el retorno seguro de los millones de venezolanos que conforman la diáspora.
Finalmente, los representantes de la llamada «generación de Madrid» coinciden en que la estabilidad económica y política de Venezuela solo será sostenible mediante una auditoría completa del sistema electoral y la eliminación de las inhabilitaciones políticas. El objetivo final, según señalan, es la celebración de elecciones libres en un plazo no mayor a 18 meses, bajo condiciones que garanticen la participación de todas las fuerzas democráticas sin temor a represalias institucionales.
