El Tribunal Constitucional califica de «práctica obstruccionista» las prórrogas sistemáticas de enmiendas en el Congreso
El Pleno del Tribunal Constitucional ha fallado a favor del Grupo Parlamentario Popular en una sentencia que censura la gestión de la Mesa del Congreso de los Diputados respecto a la tramitación de iniciativas legislativas. El tribunal de garantías considera que la decisión de prorrogar de forma sistemática los plazos de enmiendas constituye un «pretexto o subterfugio» que vulnera el derecho de los parlamentarios a ejercer sus funciones representativas, recogido en el artículo 23.2 de la Constitución Española.
La sentencia, aprobada por unanimidad, se centra en el recurso de amparo interpuesto contra las 71 prórrogas consecutivas del plazo de enmiendas del Real Decreto Ley 36/2020, relativo a medidas urgentes para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Según el tribunal, esta práctica de la Mesa —donde PSOE y Sumar ostentan la mayoría— impidió de manera efectiva que la iniciativa siguiera su curso parlamentario ordinario, provocando una parálisis que el fallo califica de «obstruccionista».
El Tribunal Constitucional subraya que la facultad de la Mesa para fijar y ampliar plazos está vinculada al principio de seguridad jurídica y no puede utilizarse para hacer inviable el ejercicio del derecho de enmienda. El texto judicial advierte que el silencio o la omisión en el Reglamento de la Cámara no habilita al órgano de gobierno a impedir la función parlamentaria natural, especialmente cuando el Pleno ya ha decidido que una norma se tramite como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia.
En el análisis jurídico, los magistrados señalan que los acuerdos adoptados por la Mesa carecieron de una «motivación suficiente y adecuada». La sentencia destaca que, ante las solicitudes de reconsideración presentadas por la oposición, la Mesa se limitó a invocar sus competencias reglamentarias sin justificar la necesidad de seguir ampliando los plazos. Para el tribunal, este proceder ignora la doctrina reiterada que obliga al órgano de gobierno de la Cámara a velar por los derechos fundamentales de todos los parlamentarios.
El fallo concluye que la Mesa del Congreso «subvirtió la finalidad» de la facultad de prórroga. En lugar de favorecer el análisis del texto legislativo facilitando más tiempo a los grupos, la utilización de esta herramienta técnica se convirtió en un obstáculo que «amputó cualquier posibilidad» de que los diputados se pronunciaran sobre el proyecto de ley antes de que finalizara la legislatura y caducara la iniciativa.
Esta resolución establece un precedente relevante sobre los límites de las mayorías en la Mesa del Congreso para controlar los tiempos legislativos. El Tribunal Constitucional reitera que el derecho de enmienda forma parte del núcleo esencial del derecho de participación política, por lo que cualquier limitación debe estar debidamente motivada y no puede ser utilizada para bloquear indefinidamente la actividad del Legislativo.
