Informes de los servicios de inteligencia civil y militar alertaron al Gobierno de España sobre la posibilidad de una entrada masiva de migrantes en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla con anterioridad a los sucesos ocurridos en la frontera. Según fuentes de los servicios de información, el Ejecutivo habría recibido avisos sobre movimientos inusuales de autobuses y concentraciones de personas en la localidad marroquí de Castillejos en fechas próximas a la festividad del Trono en Marruecos.
Las estimaciones de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado cifran en aproximadamente 50.000 las personas que cruzaron el paso fronterizo a pie y a nado en un periodo inferior a 24 horas. El Ministerio del Interior ha informado de que la mayor parte de estos ciudadanos ya han regresado a su país de origen, mientras que la tutela de unos 7.000 menores ha quedado bajo la responsabilidad de la ciudad autónoma de Ceuta y las comunidades autónomas.
Fuentes de la inteligencia militar y civil señalan que los flujos previos detectados diez días antes de la crisis, en los que alrededor de 1.000 personas lograron acceder a territorio español, fueron interpretados como maniobras de tanteo. A pesar de estas advertencias, diversos sectores de la seguridad lamentan que no se ordenase el despliegue de las guarniciones militares de Ceuta y Melilla desde el primer momento para reforzar el perímetro fronterizo del Tarajal, que se vio desbordado por la magnitud de la llegada.
Por su parte, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha calificado lo ocurrido como un ataque a la integridad territorial de España, aunque ha defendido la validez de la cooperación con el Reino de Marruecos. Según la versión oficial del Ejecutivo, la interlocución con las autoridades marroquíes ha sido constante y ágil durante la crisis. El Ministerio del Interior ha atribuido la situación a la acción de las mafias de tráfico de personas, desvinculando la gestión gubernamental de la falta de previsión denunciada por sectores de la inteligencia.
La situación en la frontera se ha visto influida por una reciente sentencia del Tribunal Supremo que prohíbe las devoluciones en caliente de inmigrantes que llegan a nado, al considerar que no superan un elemento de contención física. Como respuesta administrativa y legal a este fallo, el Gobierno ha anunciado la instalación de boyas en el mar para que operen como extensión de la frontera terrestre, así como una futura reforma de la Ley de Extranjería para adaptar la normativa a los nuevos flujos migratorios.
En el ámbito internacional, la crisis ha generado tensiones con socios de la Unión Europea. El Gobierno de Italia llegó a anunciar la suspensión temporal del espacio Schengen para los viajeros procedentes de España, aunque posteriormente matizó que los controles reforzados se aplicarían exclusivamente a viajeros no ciudadanos de la Unión Europea. La Comisión Europea, por su parte, ha instado a España a recuperar el control pleno de la frontera exterior para garantizar la estabilidad de la libre circulación en el continente.
