El Gobierno desclasifica la información del CNI sobre el seguimiento a dirigentes de la CUP bajo supervisión judicial
El Consejo de Ministros ha procedido al levantamiento del secreto sobre la información clasificada relativa al uso del software Pegasus contra dirigentes de la CUP. Esta decisión responde a la solicitud del Juzgado de Instrucción número 32 de Barcelona, que investiga el seguimiento realizado por el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) a los exdiputados David Fernández y Carles Riera, fundamentado en presuntas actividades contrarias a la seguridad nacional.
Según la documentación remitida a la sede judicial, las intervenciones telefónicas se realizaron bajo el marco legal vigente y contaron con la autorización preceptiva del magistrado del Tribunal Supremo encargado del control de las actividades del CNI. Los informes detallan que el dispositivo de David Fernández fue monitorizado durante aproximadamente un año y medio, mientras que el de Carles Riera estuvo bajo supervisión durante un periodo de dos años.
La formación independentista, a través de su portavoz Susana Moreno, ha manifestado su rechazo a estas actuaciones, calificándolas como un caso de «espionaje político». La CUP sostiene que el Estado utiliza sus servicios de inteligencia para perseguir la disidencia política y ha exigido la depuración de responsabilidades políticas y penales, instando a la comparecencia de los máximos responsables de los servicios de inteligencia y del Ejecutivo ante las cámaras legislativas.
Desde la perspectiva del marco institucional, el Gobierno fundamenta la legitimidad de estas acciones en el concepto de seguridad nacional. Esta se define legalmente como la acción dirigida a proteger la libertad, los derechos y el bienestar de los ciudadanos, garantizando la defensa de los valores constitucionales. Las leyes vigentes otorgan al CNI misiones de prevención y alerta temprana ante riesgos que puedan afectar la estabilidad del Estado y la seguridad ciudadana.
Este episodio se inscribe en la controversia generada tras las revelaciones del laboratorio Citizen Lab sobre la infección de terminales móviles de diversos líderes independentistas. La gestión de esta crisis ya derivó en el pasado en el cese de la anterior directora del CNI, Paz Esteban, tras la presión de los socios parlamentarios del Ejecutivo. Sin embargo, los documentos ahora desclasificados subrayan que el control de las comunicaciones de los diputados de la CUP se ajustó a los protocolos judiciales establecidos para el servicio de inteligencia.
El proceso judicial continuará ahora con el análisis de la información aportada por el Gobierno, en una causa que busca determinar si los límites del derecho a la intimidad y la libertad política fueron vulnerados o si, por el contrario, la actuación estatal se mantuvo dentro de los cauces de la legalidad y la defensa del orden constitucional.
