Defensa licita por 118,6 millones el mantenimiento de la flota de aeronaves oficiales del Ala 45

El Ministerio de Defensa ha iniciado el proceso de licitación para un nuevo acuerdo marco destinado al mantenimiento integral de la flota de aeronaves del Ala 45, unidad responsable de los traslados del presidente del Gobierno, la Familia Real y las más altas autoridades del Estado. El contrato cuenta con un valor estimado de 118,6 millones de euros para los próximos cinco años, lo que permitirá garantizar la operatividad de estos aparatos hasta el año 2031.

Esta cuantía representa un incremento cercano al 30% respecto al acuerdo anterior, cuya valoración se situaba en 91,4 millones de euros. El objeto de la licitación es asegurar la disponibilidad técnica de una flota que, en varios de sus modelos, alcanza ya las cuatro décadas de servicio. En concreto, el plan de mantenimiento afecta a cinco unidades Dassault Falcon 900, dos Airbus A310 y los Cessna Citation V integrados en el Ejército del Aire y del Espacio.

La documentación técnica del expediente confirma que el Gobierno prevé mantener en servicio los Falcon 900, fabricados entre 1988 y 1991, durante toda la vigencia del nuevo contrato. Para ello, el adjudicatario deberá realizar inspecciones estructurales profundas, reparaciones de motores y actualizaciones de los sistemas de aviónica, además de suministrar los repuestos necesarios y prestar asistencia urgente en cualquier aeropuerto internacional donde se produzca una avería.

El pliego de condiciones destaca la inclusión de una partida específica de 16,1 millones de euros reservada para modificaciones extraordinarias. Esta reserva presupuestaria está destinada a cubrir posibles daños estructurales imprevistos, así como a adaptar las aeronaves a nuevas normativas internacionales de navegación aérea o a incorporar mejoras técnicas dictadas por los fabricantes para prolongar su vida útil.

La estrategia actual del Ministerio se centra en la modernización y el mantenimiento exhaustivo ante la ausencia de un programa público para la renovación de la flota VIP. Esta política de extensión de la operatividad contrasta con las decisiones adoptadas por otros socios europeos, que han iniciado procesos de sustitución de sus aeronaves gubernamentales por modelos de nueva generación.

En el ámbito institucional, el uso de estas aeronaves ha generado controversia recurrente debido a la falta de información pública sobre determinados desplazamientos. El Ejecutivo, no obstante, mantiene la clasificación de los planes de vuelo y los detalles operativos bajo la protección de la normativa de secretos oficiales, invocando razones de seguridad y defensa nacional para limitar el acceso al detalle de la actividad de la flota.

Finalmente, el nuevo contrato exige a las empresas interesadas certificaciones técnicas de alto nivel, como las acreditaciones EASA y FAA, y la capacidad logística para intervenir simultáneamente en varios aparatos. Con este movimiento administrativo, Defensa asegura que el transporte oficial del Estado mantenga los estándares de seguridad requeridos a pesar de la veteranía de los sistemas actuales.