El Parlamento Europeo aprueba reforzar la posición de los agricultores y restringir el etiquetado cárnico

El Parlamento Europeo ha ratificado este martes el acuerdo alcanzado entre los colegisladores para la revisión del Reglamento de la Organización Común de Mercados (OCM) de los productos agrícolas. La nueva legislación busca equilibrar la cadena de suministro alimentaria, dotar de mayor estabilidad a los ingresos de los productores y establecer normas estrictas sobre el etiquetado de productos cárnicos, prohibiendo el uso de términos tradicionales para alternativas de origen vegetal.

La normativa introduce una definición técnica de carne como «partes comestibles de los animales» y reserva exclusivamente para estos productos denominaciones tales como «filete», «solomillo», «costilla», «chuleta», «muslo», «pechuga» o «tocino». Esta medida, que también excluye a los productos cultivados en laboratorio, tiene como objetivo garantizar la transparencia para el consumidor y evitar lo que el legislador considera competencia desleal en el mercado agroalimentario.

En el ámbito económico, el acuerdo refuerza la capacidad de negociación de los agricultores mediante la generalización de los contratos escritos obligatorios. Estos documentos deberán incluir normas claras para el cálculo de precios, de modo que reflejen los costes reales de producción. Asimismo, se potencia el papel de las organizaciones de productores en la negociación colectiva, con el fin de consolidar cadenas de suministro más resilientes frente a las fluctuaciones del mercado.

La eurodiputada socialista española Cristina Maestre ha calificado la votación como un «paso legislativo fundamental» para devolver poder de decisión a los productores y cooperativas. Según Maestre, la obligatoriedad de los contratos y los mecanismos de mediación aseguran que «los costes reales de producción se tengan en cuenta finalmente en la fijación de precios», protegiendo así la viabilidad económica de las explotaciones europeas.

No obstante, la regulación del etiquetado ha generado posturas críticas en el hemiciclo. La eurodiputada de Volt, Anna Strolenberg, ha lamentado la prohibición de términos como «filete vegano», calificando la medida de «arbitraria». Strolenberg sostiene que estas restricciones actúan como una «cortina de humo» para desviar la atención de las obligaciones contractuales y argumenta que la decisión no beneficia a la industria cárnica —que invierte crecientemente en proteínas vegetales— ni a los consumidores.

El texto final supera la propuesta original presentada por la Comisión Europea en diciembre de 2024, incorporando instrumentos adicionales de gestión de crisis y transparencia. Tras la validación parlamentaria, la normativa entrará en vigor para redefinir las relaciones comerciales en el sector primario y los estándares de publicidad y venta de alimentos en todo el territorio de la Unión.