Un agente jubilado afirma ante el juez que Leire Díez aseguraba actuar por encargo de «altas esferas»
Rafael Salvador, agente jubilado de la Policía Nacional y exresponsable de la unidad adscrita a los juzgados de Sevilla, ha prestado declaración este viernes como testigo ante el magistrado de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz. Durante su comparecencia, Salvador ha confirmado que mantuvo diversos encuentros con la exmilitante socialista Leire Díez, en los que esta habría alardeado de actuar bajo instrucciones de instancias superiores para tratar asuntos relacionados con causas judiciales que afectan al entorno del PSOE.
Según han informado fuentes jurídicas al finalizar la sesión, el testigo relató que Díez le manifestó explícitamente su vinculación con centros de poder al afirmar: «Tú no sabes quién me manda a mí, me manda el que más manda». Ante esta aseveración, Salvador respondió de manera escéptica, equiparando tal afirmación a si la mandase «el Papa». El agente jubilado precisó que estas conversaciones se produjeron en el marco de reuniones donde se abordó la figura de la magistrada Mercedes Alaya, instructora del caso ERE y del caso Aznalcóllar.
La declaración se enmarca en la instrucción que dirige el juez Pedraz sobre una presunta operativa que, según las investigaciones, habría estado coordinada por Díez. El objetivo de dicha red sería la obtención de información para desestabilizar procedimientos judiciales que afectan a miembros del Gobierno y del Partido Socialista. La investigación analiza el papel de Díez en este esquema y su supuesta relación con directrices de responsables políticos.
El testigo ha explicado que el contacto inicial con la exmilitante se produjo bajo el pretexto de que ella se encontraba redactando un libro. No obstante, las reuniones posteriores derivaron en consultas sobre el estado y los detalles de causas judiciales sensibles. A pesar de estos encuentros, Salvador ha negado tajantemente que Díez le solicitara información confidencial o le ofreciera contraprestaciones a cambio de datos, subrayando que, en cualquier caso, él no habría aceptado tal proceder.
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil aporta al caso un atestado en el que se detallan los hallazgos en una cuenta de almacenamiento virtual. Los investigadores localizaron una carpeta titulada «22 GRABACIONES RAFAEL SALVADOR», que contenía audios de las conversaciones entre ambos. Según los informes policiales, el propósito de estos contactos era recabar elementos que pudieran comprometer la labor de la jueza Alaya o cuestionar la integridad de sus investigaciones.
En las grabaciones analizadas por la UCO, Díez habría llegado a solicitar información específica para generar impactos mediáticos contra la magistrada. La causa continúa su curso en la Audiencia Nacional para determinar el alcance de estas maniobras y la posible responsabilidad de los implicados en la supuesta trama de injerencia judicial.
