Anticorrupción ratifica la petición de 15 años de cárcel para Fernández Díaz por la «Operación Kitchen»
El fiscal Anticorrupción, César de Rivas, ha reafirmado ante la Audiencia Nacional su solicitud de 15 años de prisión para el exministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, al considerar probada su participación directa en la denominada «Operación Kitchen». Según el representante del Ministerio Público, los testimonios y pruebas recabados durante el plenario acreditan que se puso en marcha un operativo parapolicial ilícito con el objetivo de sustraer documentación sensible para el Partido Popular que se encontraba en manos del extesorero Luis Bárcenas.
En su exposición de conclusiones, el fiscal sostuvo que este dispositivo no respondió a una misión de inteligencia legítima ni fue comunicado a la autoridad judicial competente. El propósito primordial, según la acusación, era interceptar información comprometedora sobre el caso Gürtel, incluyendo supuestas grabaciones que involucraban a altos dirigentes de la formación política y al entonces presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, evitando así que dichas pruebas llegaran a la instrucción judicial.
La Fiscalía fundamenta la implicación de la cúpula de Interior en la captación de Sergio Ríos, quien ejercía como chófer de la familia Bárcenas, para actuar como confidente. De Rivas señaló que tanto Fernández Díaz como el exsecretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, estuvieron al tanto de las maniobras desde su inicio. Para sustentar esta tesis, el fiscal hizo referencia a los mensajes de texto registrados ante notario por el propio Martínez, los cuales vincularían jerárquicamente al exministro con la ejecución del plan.
Además de la pena solicitada para Fernández Díaz, el Ministerio Público reclama 15 años de cárcel para Francisco Martínez, para el ex director adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional, Eugenio Pino, y para el inspector jefe Andrés Gómez Gordo. Las peticiones de condena se extienden también al excomisario José Manuel Villarejo, para quien se solicitan 19 años de prisión, y al exchófer Sergio Ríos, con una petición de 12 años y seis meses de privación de libertad.
Con esta calificación, el fiscal concluye que el aparato del Estado fue utilizado de manera irregular para proteger intereses partidistas, mediante un despliegue de medios policiales y fondos reservados destinados a neutralizar evidencias en un proceso judicial de corrupción. El juicio continuará en la Audiencia Nacional con la exposición de los informes de las defensas y el resto de las partes personadas.
