El Gobierno mantiene la vía diplomática con Marruecos pese al informe policial sobre el asalto a Ceuta

El Ejecutivo central ha optado por mantener una estrategia de contención y perfil bajo en su relación con el Reino de Marruecos, tras los sucesos ocurridos en Ceuta los pasados 30 y 31 de julio. A pesar de un informe del Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (Cenif) de la Policía Nacional que señala la presunta responsabilidad de Rabat en la entrada masiva de personas, el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, encabezado por José Manuel Albares, insiste en limitar el conflicto a una crisis de carácter migratorio y humanitario.

El citado informe policial, elaborado a petición de la Audiencia Nacional, revela que agentes uniformados y no uniformados de Marruecos habrían guiado el asalto a la ciudad autónoma. El documento técnico describe una «planificación previa» y una «total permisividad» por parte de las autoridades del país vecino, sugiriendo que la cuestión migratoria fue utilizada como cobertura para los hechos. No obstante, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha manifestado que no existen todavía «evidencias sólidas» para variar la posición oficial, aunque ha prometido contundencia en caso de verificarse dicha autoría.

En el marco parlamentario, el ministro José Manuel Albares compareció el pasado 28 de agosto ante la comisión de Interior del Congreso de los Diputados. Durante su intervención, Albares calificó de «indispensable» la cooperación con Marruecos y descartó la existencia de cualquier negociación sobre la soberanía de Ceuta y Melilla. Esta postura busca evitar una ruptura diplomática similar a la de 2021, que supuso la salida de la entonces embajadora Karima Benyaich y la posterior sustitución de Arancha González Laya al frente de la cancillería española.

La tensión política se ha visto incrementada por las declaraciones de tres ministros marroquíes que han reclamado públicamente la soberanía sobre las ciudades autónomas españolas. El titular de Asuntos Islámicos, Ahmed Toufiq, aludió a una «lucha sagrada» por la liberación de los territorios, mientras que los responsables de Justicia y Obras Públicas se expresaron en términos similares. Ante estos hechos, el Ministerio de Exteriores convocó el pasado 21 de agosto al Encargado de Negocios de la embajada marroquí para transmitir el rechazo tajante de España a cualquier cuestionamiento de su integridad territorial.

Desde la oposición, el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha criticado lo que considera una gestión «clandestina» de la crisis y ha exigido medidas más firmes ante las pretensiones de Rabat. Por su parte, los socios habituales del Gobierno también han coincidido en señalar la responsabilidad del reino alauita en los episodios fronterizos. Sin embargo, la Moncloa mantiene su hoja de ruta basada en la normalización de relaciones iniciada en marzo de 2022, tras el aval del presidente Sánchez al plan de autonomía marroquí para el Sahara Occidental.

El escenario diplomático actual se mantiene a la espera de las próximas elecciones legislativas en Marruecos, previstas para el 23 de septiembre. Mientras tanto, la diplomacia española persiste en el uso de los cauces internos y discretos, evitando la llamada a consultas del embajador español en Rabat, con el objetivo de preservar la estabilidad fronteriza y la colaboración en materia de seguridad que el Ejecutivo considera prioritaria para los intereses nacionales.