Presentan un recurso ante la Audiencia Nacional para anular la instrucción que amplía la ‘Ley de Nietos’
La Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica ha interpuesto un recurso ante la Audiencia Nacional con el objetivo de solicitar la nulidad íntegra de la instrucción dictada por la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública que regula la concesión de la nacionalidad española. La demanda sostiene que esta disposición administrativa, emitida tras la aprobación de la Ley de Memoria Democrática, excede el marco legal establecido por las Cortes Generales al ampliar los supuestos para la adquisición de la nacionalidad por parte de descendientes de españoles.
El núcleo del conflicto jurídico reside en la jerarquía normativa. Según el equipo legal de la asociación, encabezado por el abogado Guillermo Rocafort, una instrucción ministerial no posee rango suficiente para modificar o extender los criterios fijados en una ley aprobada por el Parlamento. El recurso argumenta que el Congreso de los Diputados rechazó expresamente enmiendas que pretendían incluir la emigración económica como supuesto para obtener la nacionalidad, una opción que, a juicio de los demandantes, ha sido incorporada de facto mediante la interpretación administrativa de la norma.
La impugnación señala que la instrucción de la Secretaría de Estado de Justicia extendió el periodo de presunción de exilio hasta el 31 de diciembre de 1955. Los demandantes consideran que esta ampliación temporal carece de base legal en el texto original de la Disposición Adicional Octava de la ley, lo que habría provocado un volumen de solicitudes que las autoridades sitúan en torno a los 2,4 millones de expedientes. Esta cifra ha generado preocupación entre diversos actores jurídicos por su posible impacto en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA).
Esta acción legal se produce tras una serie de iniciativas previas ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid y el Consejo de Transparencia. En este último ámbito, el organismo encargado de velar por el acceso a la información pública dio la razón a los recurrentes en su petición de conocer las circulares internas remitidas a la red consular, documentos que, según la parte demandante, aún no han sido facilitados por el Ministerio de Asuntos Exteriores.
Desde el punto de vista institucional, el recurso solicita no solo la anulación de la circular administrativa, sino también la revisión de las nacionalidades concedidas al amparo de los criterios ahora cuestionados. Los demandantes puntualizan que su objetivo no es afectar a los descendientes que acrediten un exilio real conforme a la ley, sino garantizar que la Administración no se arrogue competencias legislativas que corresponden exclusivamente al poder soberano representado en el Parlamento.
La resolución de la Audiencia Nacional sobre este caso será determinante para establecer los límites de la potestad reglamentaria del Gobierno en la aplicación de leyes de alto impacto social y demográfico. Mientras tanto, la reciente suspensión cautelar de los efectos electorales de estas nacionalizaciones, obtenida en otros procesos judiciales paralelos, mantiene en suspenso la integración plena de los nuevos inscritos en el sistema de votación exterior hasta que se clarifique el encaje jurídico de la instrucción ministerial.
