Hazte Oír solicita a la Comisión Europea la suspensión de fondos a Marruecos tras la crisis migratoria en Ceuta
La asociación Hazte Oír ha presentado una denuncia formal ante la Comisión Europea y una petición ante la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo para exigir la auditoría y suspensión inmediata de los fondos destinados a la cooperación migratoria con Marruecos. Esta acción legal responde al incremento de la presión migratoria en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, solicitando además un refuerzo de la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas (Frontex) en la zona.
Según los datos proporcionados por la Guardia Civil y recogidos en la denuncia, más de 40.000 personas habrían accedido a Ceuta desde el pasado jueves 30 de julio. Ante la magnitud de las entradas, se ha procedido al despliegue de unidades del Ejército de Tierra en apoyo a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. La organización denunciante sostiene que estas cifras no responden a un hecho aislado, sino a una supuesta actuación coordinada por parte del régimen marroquí.
En el plano económico, la reclamación subraya que Marruecos ha recibido 346 millones de euros en el marco financiero anterior y cuenta con una previsión de hasta 500 millones de euros para el periodo que finaliza en 2027, destinados a la gestión de flujos migratorios. Hazte Oír insta a las instituciones comunitarias a «cortar el grifo» de la financiación como medida de presión para que el país vecino cumpla con sus compromisos de control fronterizo en lo que consideran la frontera exterior de la Unión Europea.
Respecto a la operatividad de Frontex, el texto remitido a Bruselas advierte que la actual Operación Minerva 2026 tiene un mandato limitado exclusivamente al control documental en los puertos. Por ello, se solicita la ampliación de su intervención mediante la activación del mecanismo previsto en el artículo 42 del Reglamento (UE) 2019/1896. Dicho precepto legal permite al Consejo Europeo adoptar medidas urgentes a propuesta de la Comisión en situaciones de presión migratoria desbordada, incluso ante la ausencia de una solicitud formal de asistencia por parte del Estado miembro afectado.
Finalmente, la asociación recalca que la protección de Ceuta y Melilla es una cuestión de integridad territorial para el conjunto de la Unión. La denuncia concluye con la petición de una condena oficial a la utilización de la presión migratoria como herramienta política y exige que no se realicen nuevos desembolsos económicos hasta que se garantice de forma efectiva la contención de las entradas irregulares desde territorio marroquí.
