Más Madrid eleva a la Fiscalía la supuesta alteración de las listas de espera en el Hospital Ramón y Cajal
La formación política Más Madrid presentará este martes una denuncia formal ante la Fiscalía Provincial de Madrid para solicitar la investigación de una presunta modificación irregular de las listas de espera quirúrgica en el Hospital Universitario Ramón y Cajal. El escrito, fundamentado en posibles delitos de prevaricación y falsedad documental, se centra en la reclasificación de 57 pacientes que fueron desplazados de una categoría de atención prioritaria a una ordinaria sin una nueva valoración clínica que lo justificara.
El núcleo de la reclamación judicial reside en el cambio de prioridad de estos pacientes, quienes inicialmente habían sido catalogados por sus cirujanos como casos preferentes, lo que obliga legalmente a una intervención en un plazo máximo de 90 días. Según el texto de la denuncia, estos pacientes pasaron a ser considerados de prioridad normal, extendiendo el margen de espera hasta los 180 días. La formación regionalista sostiene que esta decisión se tomó para eludir indicadores de gestión y cumplir artificialmente con los objetivos de demora media del centro.
La denuncia apunta a la presunta comisión de un delito de prevaricación al considerar que la reclasificación fue una decisión arbitraria tomada a sabiendas de su injusticia, con el fin de mejorar las estadísticas asistenciales. Asimismo, se señala un posible delito de falsedad documental, derivado de la supuesta alteración de datos clínicos y administrativos en el Registro de Demanda Quirúrgica y otros documentos oficiales del Sistema Nacional de Salud.
Los hechos denunciados recogen informaciones que señalan a la dirección médica del hospital y a la jefatura del servicio de Traumatología y Cirugía Ortopédica como presuntos autores de esta modificación unilateral. Según la documentación aportada, los cambios se habrían realizado sin contar con el criterio de los facultativos especialistas que prescribieron las intervenciones y que conocían la gravedad de las patologías de los afectados.
Por su parte, la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, a través de su titular Fátima Matute, ha ofrecido una versión contrapuesta. La consejera ha atribuido la responsabilidad de cualquier anomalía al médico que denunció el caso inicialmente, a quien acusó de manipular la gravedad de los pacientes para obtener beneficios organizativos. Sin embargo, Más Madrid destaca que la propia administración autonómica ha admitido que las investigaciones internas siguen abiertas, por lo que consideran prematuro e infundado el señalamiento público hacia el denunciante.
Ante esta discrepancia de versiones, la formación liderada por Manuela Bergerot solicita a la Fiscalía que requiera al Hospital Ramón y Cajal y a la Consejería de Sanidad toda la documentación relativa a la reclasificación de pacientes. Entre las peticiones específicas se incluye el acceso al Registro de Demanda Quirúrgica, los contratos de gestión del ejercicio actual —para comprobar si existían incentivos económicos vinculados a la reducción de listas de espera— y la toma de declaración de los directivos implicados.
Finalmente, el escrito subraya la gravedad de estas prácticas no solo en el ámbito administrativo, sino por su potencial impacto en la salud pública. La formación argumenta que el incumplimiento deliberado de los tiempos máximos garantizados por el Real Decreto 1039/2011 constituye una vulneración de los derechos de los pacientes, cuyo estado clínico podría haberse visto agravado por la demora impuesta mediante esta supuesta manipulación estadística.
