Un juzgado de Cádiz imputa por piratería a cinco tripulantes de una narcolancha por embestir a la Guardia Civil

El titular del Juzgado de Instrucción número tres de Sanlúcar de Barrameda (Cádiz), Alexander Codes Trujillo, ha dictado un auto de imputación por un delito de piratería contra cinco individuos que embistieron a una patrullera de la Guardia Civil el pasado 22 de octubre. Esta resolución supone la primera aplicación de esta tipificación penal en aguas territoriales españolas para incidentes relacionados con el narcotráfico, tras la reciente actualización de la jurisprudencia del Tribunal Supremo.

Los hechos se produjeron durante una persecución en alta mar en la que la embarcación de los investigados ejecutó maniobras de extrema peligrosidad. Según el auto judicial, los detenidos realizaron giros bruscos y embestidas reiteradas con la proa contra el costado de estribor de la patrullera oficial. Como consecuencia del impacto, cuatro agentes resultaron heridos con lesiones de diversa consideración, incluyendo una posible fractura de costilla en uno de los efectivos actuantes.

El magistrado ha decretado para los cinco implicados prisión provisional comunicada y sin fianza. El cargo de piratería, que contempla penas de entre 10 y 15 años de prisión, se ha aplicado siguiendo la doctrina fijada por la Sala Segunda del Tribunal Supremo en abril de 2024. Esta jurisprudencia permite calificar como piratería los abordajes e intimidaciones graves en el mar contra embarcaciones oficiales del Servicio de Vigilancia Aduanera o de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Además de la piratería, el juez imputa a los detenidos presuntos delitos de contrabando, atentado contra agentes de la autoridad, lesiones y daños. La resolución judicial especifica que el delito de piratería es atribuible a los cinco tripulantes, y no solo al piloto de la narcolancha, al entender que el acometimiento formaba parte de un plan de fuga compartido para asegurar su impunidad y eludir la detención.

El instructor fundamenta el ingreso en prisión provisional en la existencia de un elevado riesgo de fuga, derivado de la gravedad de las penas que llevan aparejados los delitos imputados. Asimismo, se ha apreciado riesgo de reiteración delictiva, tras constatar que la mayoría de los investigados cuenta con antecedentes penales previos por delitos contra la salud pública y atentados contra la autoridad.