El Gobierno prevé trasladar a otras comunidades a los menores de Ceuta ante el silencio de Marruecos

El Ministerio de Juventud e Infancia ha manifestado sus dudas respecto a la disposición de Marruecos para facilitar la reagrupación familiar de los menores inmigrantes no acompañados que se encuentran en Ceuta. Ante la ausencia de respuestas por parte de las autoridades marroquíes a los expedientes tramitados hasta la fecha, el Ejecutivo central estima que la reubicación de estos niños y adolescentes hacia otras comunidades autónomas españolas comenzará a materializarse en un plazo aproximado de dos meses.

Fuentes del departamento ministerial han informado que, desde el año 2021, se han planteado 600 expedientes de reagrupación sin que el país vecino haya emitido contestación alguna. Esta falta de reciprocidad técnica ha llevado al Gobierno a desconfiar de un cambio de postura por parte de Rabat en el contexto de la actual crisis migratoria, priorizando los mecanismos internos de derivación para garantizar la protección de los derechos de los menores.

La hoja de ruta del Ministerio incluye la activación del mecanismo de reubicación establecido por el real decreto ley que modificó la Ley de Extranjería en 2025. Según el Ejecutivo, el Gobierno de la ciudad autónoma de Ceuta dispone de toda la información técnica sobre este plan, a pesar de las discrepancias públicas manifestadas. El objetivo actual se centra en desatascar la situación de los primeros diez expedientes iniciados, los cuales determinarán si los menores son reagrupados con sus familias, permanecen bajo tutela en Ceuta o son trasladados a otras regiones.

La demora en la tramitación de estos primeros casos se atribuye, en parte, a las exigencias derivadas de la implementación del Pacto Europeo de Migración y Asilo (PEMA), que requiere entrevistas individualizadas y la designación de defensa jurídica para cada menor. Con el fin de agilizar los procedimientos, el Gobierno central ha asumido el compromiso de financiar la figura del representante legal del menor, una competencia que técnicamente corresponde a la administración autonómica, pero que el Ministerio asume para evitar un mayor bloqueo administrativo.

En las próximas semanas, el Ministerio convocará una nueva Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia para concretar los detalles jurídicos y técnicos con las comunidades autónomas. Durante este encuentro se definirá qué territorios se acogerán al plan voluntario de acogida. En caso de no alcanzarse las plazas necesarias, el departamento que dirige Sira Rego contempla activar las disposiciones del real decreto ley de 2025 para asegurar la distribución territorial de los menores.

El proceso de traslado priorizará a los perfiles de mayor vulnerabilidad, incluyendo a los niños de menor edad que han expresado su voluntad de regresar con sus familias, así como a menores con estatus de refugiado o niñas que hayan sido víctimas de violencia sexual. El Ministerio ha reafirmado su postura crítica ante una política migratoria europea que, a su juicio, delega excesivamente la gestión de las fronteras españolas en terceros países, mientras refuerza los acuerdos bilaterales, como el alcanzado recientemente entre Ceuta y Navarra para el acogimiento familiar.