La Justicia anula siete medallas pensionadas a altos mandos policiales y obliga a reintegrar 28.000 euros
La Justicia ha procedido a la anulación de siete condecoraciones pensionadas otorgadas a antiguos altos mandos de la Policía Nacional durante el periodo comprendido entre 2020 y 2021. Esta resolución judicial ha conllevado la obligatoriedad de reintegrar a las arcas públicas un total de 28.346 euros, correspondientes a los incrementos salariales percibidos de forma indebida por los beneficiarios de dichas distinciones de la Orden al Mérito Policial.
Según los datos obtenidos a través de una resolución de transparencia del Ministerio del Interior, el proceso de restitución de fondos se dividió en dos ejercicios. En el año 2020, los tribunales anularon tres condecoraciones, lo que supuso la devolución de 18.090 euros. Posteriormente, en 2021, la anulación de otras cuatro medallas adicionales derivó en el reintegro de 10.256 euros por parte de los exmandatarios policiales afectados.
Las medallas pensionadas en el ámbito de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado no constituyen únicamente un reconocimiento honorífico, sino que llevan aparejado un incremento mensual vitalicio de entre el 10% y el 20% del sueldo. La normativa vigente estipula que estas distinciones están estrictamente reservadas para actuaciones que impliquen un riesgo extraordinario, valor excepcional o peligro inminente para la vida del agente en el ejercicio de sus funciones.
En contraste con la situación registrada en la Policía Nacional, la Guardia Civil no ha contabilizado ningún caso de anulación de cruces pensionadas en sus categorías de Oro o con distintivo rojo durante el mismo periodo. En consecuencia, el cuerpo no ha tenido que tramitar reintegros económicos, manteniendo la vigencia de las pensiones asociadas a sus condecoraciones por actos de servicio de especial relevancia.
El Ministerio del Interior, al ser consultado sobre el historial pormenorizado de estas concesiones, ha rechazado facilitar un desglose completo amparándose en la Ley de Transparencia. El departamento argumenta que la recopilación de dicha información requeriría una tarea de elaboración específica, alegando que los datos no se encuentran informatizados de manera que permitan una extracción directa y sencilla sin comprometer el funcionamiento ordinario del personal administrativo.
Este escenario de anulaciones judiciales se produce tras precedentes donde los tribunales han apreciado indicios de «desviación de poder» en la adjudicación de estas distinciones. En resoluciones anteriores, se ha señalado un patrón administrativo consistente en proponer la medalla de plata a la práctica totalidad de los miembros salientes de la Junta de Gobierno de la Policía y a jefes superiores en el momento de su jubilación, una práctica que choca con los requisitos legales de riesgo y excepcionalidad exigidos por la ley.
