La Fiscalía Anticorrupción investiga a la alcaldesa de Valencia por presuntas irregularidades en el Puerto
La Fiscalía Anticorrupción ha incoado diligencias de investigación que afectan directamente a la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, a dos concejales de su equipo de gobierno, a la presidenta de la Autoridad Portuaria de Valencia y a cuatro trabajadores públicos. El procedimiento se centra en la posible comisión de delitos de prevaricación y tráfico de influencias vinculados a dos convocatorias de contratación en el organismo portuario, tras las denuncias formuladas por el grupo municipal Compromís.
La apertura de estas diligencias ha provocado una profunda preocupación en las filas del Partido Popular. Fuentes internas de la formación han calificado la situación de «previsible» tras las sucesivas informaciones aparecidas en medios de comunicación sobre presuntas irregularidades administrativas. Los cargos consultados admiten que el impacto es significativo, al tratarse del primer escenario de este tipo que afecta a una administración de los populares valencianos bajo la dirección nacional de Alberto Núñez Feijóo.
En el seno de la organización existe el temor de que este caso afecte a la «credibilidad nacional» del partido en un momento de alta exigencia de ejemplaridad. Algunos sectores del PP subrayan la necesidad de actuar con cautela, recordando que el proceso se encuentra en una fase inicial y que la apertura de diligencias no implica necesariamente una condena futura. Sin embargo, otras voces demandan una reflexión interna sobre los nombramientos realizados por la Generalitat y el Ayuntamiento en puestos de responsabilidad técnica y política.
El contexto político interno agrava la percepción de la crisis. La formación en la Comunidad Valenciana se encuentra actualmente bajo la dirección de una gestora tras la salida de Carlos Mazón, y el entorno de la alcaldía ha mantenido históricamente tensiones con las presidencias provinciales. En este sentido, algunos cuadros del partido no descartan que la filtración de datos pueda tener su origen en disputas internas o «fuego amigo», dadas las diferencias de criterio mantenidas durante los últimos procesos de designación de cargos.
Desde el punto de vista jurídico y parlamentario, el principal riesgo reside en la posible prolongación del caso en el tiempo. Al ostentar Catalá la condición de aforada, cualquier avance sustancial en la investigación judicial requeriría la tramitación de un suplicatorio ante la instancia correspondiente, lo que elevaría la trascendencia mediática y política del asunto a nivel nacional.
Por el momento, la dirección del Partido Popular opta por la prudencia institucional mientras evalúa el alcance de las diligencias del Ministerio Fiscal y la solidez de las pruebas presentadas en relación con la gestión de las contrataciones en el Puerto de Valencia, una infraestructura clave para la economía de la región y objeto recurrente de fiscalización política.
