El Gobierno centraliza la regularización de 500.000 inmigrantes y limita el papel de la Policía en la tramitación

El nuevo real decreto para la regularización extraordinaria de más de medio millón de ciudadanos extranjeros en situación irregular en España establece un marco administrativo donde el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones asumirá el control directo de los expedientes. Esta estructura relega a la Policía Nacional a una función secundaria, interviniendo únicamente ante la detección de anomalías, una decisión que ha generado críticas en los sindicatos policiales por los posibles riesgos para la seguridad nacional y el control de fronteras.

El departamento dirigido por Elma Saiz ha diseñado un sistema de gestión descentralizado en la recepción pero centralizado en la resolución. Las Oficinas de Extranjería, los centros de la Seguridad Social y las oficinas de Correos serán los puntos encargados de recoger las solicitudes y verificar los requisitos básicos. Para agilizar el proceso, el Gobierno contará con el apoyo de Tragsa, empresa pública dependiente de la SEPI, mientras que la Unidad de Tramitación de Expedientes de Extranjería (UTEX), con sede en Vigo, será el órgano encargado de resolver de forma unificada las peticiones procedentes de las grandes ciudades.

Esta nueva operativa supone que los especialistas del Cuerpo Nacional de Policía quedarán apartados de las fases críticas de control administrativo. Organizaciones como Jupol y el Sindicato Unificado de Policía (SUP) han advertido que esta «externalización» de funciones puede derivar en una «desnaturalización» del control migratorio. Según denuncian, la falta de intervención de agentes cualificados en la verificación de identidad y documentos aumenta el riesgo de fraude y dificulta la detección de perfiles de riesgo o antecedentes penales internacionales no registrados en las bases de datos administrativas.

Requisitos de antecedentes y auxilio diplomático

En cuanto a la seguridad, el Ejecutivo ha atendido las recomendaciones del Consejo de Estado y exigirá un certificado oficial de antecedentes penales expedido por el país de origen para todos los solicitantes. No se admitirán declaraciones responsables para acreditar la carencia de delitos en los últimos cinco años. Sin embargo, para garantizar que el proceso sea masivo, el Gobierno habilitará una vía diplomática: si el solicitante no logra obtener el certificado en un mes, el Ministerio de la Presidencia intentará recabarlo de oficio a través de canales consulares en un plazo de tres meses.

Desde los mandos policiales se cuestiona la eficacia de este sistema, subrayando que la saturación judicial en los países de origen y los plazos de actualización de registros pueden permitir que personas con procesos abiertos obtengan la residencia. Además, expresan su preocupación por la validez de los documentos de identidad, ya que el decreto permite la presentación de pasaportes o cédulas de inscripción caducados para iniciar el trámite.

Acreditación de residencia y protección internacional

Los solicitantes deberán demostrar su presencia en España antes del 1 de enero de 2024 y haber residido en el país un mínimo de cinco meses. El decreto establece criterios de flexibilidad para probar esta estancia, permitiendo «cualquier prueba válida en derecho». Fuentes ministeriales señalan que se aceptarán empadronamientos, informes de citas médicas, contratos de alquiler, billetes de transporte o certificados de asistencia a servicios sociales. La Policía, por su parte, alerta de que esta falta de concreción en las pruebas documentales podría ser aprovechada por mafias para la falsificación de comprobantes de consumo o tickets de compra.

Finalmente, la normativa introduce cambios para los solicitantes de protección internacional. Anteriormente, el Ejecutivo exigía la renuncia al asilo para optar a la regularización extraordinaria; no obstante, el texto definitivo permite mantener la petición de asilo activa, obligando a desistir de ella únicamente en el momento en que se obtenga efectivamente el permiso de residencia por la vía de la regularización. Este cambio busca evitar que los extranjeros queden en un vacío legal durante el tiempo que dure la tramitación de su expediente.